La pandemia ha profundizado la crisis económica precedente en todos los terrenos. Somos las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas, las juventudes y las infancias quienes padecemos las consecuencias con un emprobrecimiento de nuestras condiciones de vida.
Las docentes estamos también inmersas en esta situación general, sufrimos el constantemente empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, y no se tienen en cuenta las necesidades emergentes de la situación de pandemia. Esto se explica porque tanto el gobierno de Alberto Fernández, como los gobernadores oficialistas y “opositores” como Larreta comparten una orientación clara: destinar los recursos del país al pago de la deuda externa usuraria, en vez de destinarlos a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo genuino. Quieren sostener las políticas de apertura económica sin ninguna consideración por la salud de las y los trabajadores, sin protocolos efectivos, con “vacunación vip” para algunos y ausencia completa de un calendario de vacunación viable para el resto. La lucha de las trabajadoras de la salud, como las del Hospital Moyano y del Álvarez, por la vacunación inmediata tiene que extenderse a las escuelas en confluencia con las y los estudiantes y sus familias. Por eso, impulsamos la campaña para terminar con las patentes y lograr la producción de vacunas contra el covid-19 con los recursos del país bajo control de las y los trabajadores, que permita un plan de vacunación masiva para gratuito y público contra la pandemia.
En nuestro gremio, conformado mayoritariamente por mujeres, padecemos de forma agravada las políticas decididas por parte del gobierno nacional en términos generales, laborales y educativos. En medio de una apertura prematura de escuelas en todo el país, sin condiciones reales de bioseguridad, ni parámetros epidemiológicos claros, el ministro Trotta no otorgó en la última reunión del Consejo Federal de Educación (ni en ninguna otra instancia), dispensas necesarias para las tareas de cuidado relativo a hijes menores, convivientes de riesgo y de adultos mayores. En línea con esto, en CABA el gobierno, que avanzó en el retorno a la presencialidad sin garantizar las condiciones materiales para no exponernos, también se niega a reconocer estas dispensas por cuidados. Tanto en el 2020 como en lo que va del 2021 hemos acompañado la presentación de solicitudes y se nos han denegado una y otra vez, ahora estamos avanzando con los reclamos legales para todas las docentes que se encuentran en estas situaciones. Otra situación grave es la de las docentes embarazadas, a las que sí se les otorgó dispensa pero se las deja completamente desamparadas ante el cese de sus cargos ya que no se les permite acceder a nuevos cargos, lo cual resulta en una reducción de ingresos o en muchos casos en la desaparición total de los mismos. La desocupación docente se extiende mientras se modifican las condiciones estatutarias y alteran los listados de mérito.
El flagelo de los femicidios que se cobran en nuestro país una mujer asesinada a diario, es la expresión más extrema de la violencia machista y de todo este régimen social, en el cual se promueven vínculos de sumisión y opresión. El primer responsable de la violencia de género es el Estado y los gobiernos nacional y provinciales que no ponen presupuesto para prevenir la violencia machista, ponen trabas a la implementación de la ESI, y ahora intentan deslindar su responsabilidad directa en denuncias al poder judicial y planteando una reforma judicial «feminista».
El gobierno de Fernández, aplica un doble discurso, por medio de la creación de la Ministerio de la Mujer, géneros y diversidad y otros organismos, no ha modificado en absoluto las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, ni ha puesto recursos para enfrentar las múltiples violencias que atravesamos en el ámbito institucional, doméstico y laboral. No tenemos ni noticias del anunciado “Plan acompañar”, que además se limitaría a un subsidio de $20000 por solo 6 meses solo para quienes no cobren un plan social o tiene un trabajo registrado, es decir dejaría afuera a una enorme cantidad de mujeres. La mujer sin trabajo ya no tiene derecho ¡siquiera al mísero IFE de 10.000 pesos! Compañeras precarizadas deben dejar a sus hijos solos para pelear una changa y sobrevivir. Cuando sobreviene la tragedia, como ocurrió con Yolanda en Salta, el Estado victimario coloca en el banquillo a la mujer por medio de su justicia de clase. Con la movilización popular, en las últimas horas, se arrancó su libertad pero hay que ir por el desprocesamiento total de Yolanda. El Estado es el único responsable de la muerte de sus hijos.
Con la #mareaverde conquistamos el aborto legal en las calles, contra los partidos patronales y las iglesias. Ahora nuestra tarea, es pelear por la implementación efectiva en todo el país contra los antiderechos que buscan bloquearla a través de la objeción de conciencia.
Todo esto se da en el marco del inmovilismo completo por parte de las centrales sindicales como la CTERA, la CGT y las CTA,s, que dejan pasar los salarios de hambre, los despidos, la desocupación, el ajuste, la carestía, los techos salariales. La CTERA viene de entregar nuevamente el salario nacional y la jubilación docente, pacto social mediante.
Desde Ademys planteamos la perspectiva con que luchamos y conquistamos el aborto legal: salir a las calles para obtener nuestros reclamos. Este 8 de marzo llamamos a parar y a movilizarnos al centro del poder político, de forma independiente de los gobiernos y del Ministerio de las Mujeres. Y le exigimos a la CTERA y el resto de centrales sindicales que rompan con el gobierno y convoquen a un plan de lucha para conquistar nuestros reclamos.
- Exigimos:
Salario inicial de $55000
Paritarias libres
82% movil
Aumento del presupuesto educativo
Por la aplicación efectiva de la ESI, separación de la Iglesia del Estado
Dispensas por cuidados de niñes, y convivientes de riesgo
No a los límites de toma de cargos para docentes con dispensas
Basta de femicidios. Abajo las imputaciones contra Yolanda Vargas. El estado es responsable.
