¿De qué se trata el Plan Maestro?
La reforma educativa del PRO que intenta avanzar contra los docentes y la escuela pública
El Plan Maestro plantea un nuevo paso en la reforma educativa que no hace otra cosa que profundizar el modelo privatista y neoliberal para poder dejar en su mínima expresión a la educación pública. Se trata de un proyecto de ley elaborado a espaldas de los y las docentes mediante el cual el gobierno pretende implementar modificaciones en todo el Sistema Educativo. Para ello, no reemplaza la estructura o pilares principales del sistema educativo existente, sino que se basa en la actual Ley de Educación Nacional 26.206 para profundizar aspectos regresivos: la injerencia del sector privado, la evaluación externa, las pasantías laborales precarizadoras, y la alarmante propuesta de una “nueva carrera docente” que ataca la estabilidad, los concursos para acceder a los cargos, el escalafón y el derecho a huelga.
La impronta empresarial atraviesa todo el “Plan Maestro”, organizado fundamentalmente en una serie de “metas” medibles. Mediante ellas, se formulan postulados demagógicamente, como plantear en nombre de la “inclusión” la disolución del área de Educación Especial, o plantear la obligatoriedad de la sala de 3 años en el nivel inicial, pero manteniendo la actual estructura que desfinancia a las provincias con un sistema educativo en quiebra.
Un nuevo intento de avance, enmarcado en la reforma educativa para el hemisferio: la educación al servicio del capital en países dependientes.
Más y más evaluación
La evaluación ocupa un papel central en el diseño y puesta en práctica del “Plan maestro”. Se trata de asignarle mayor presencia y sistematicidad. Parte del diagnóstico que presuntamente motiva los lineamientos del plan se basa en los resultados obtenidos en las evaluaciones “Aprender 2016”. Pero recordemos que estas pruebas no se implementaron de la misma manera en todo el país y en jurisdicciones como CABA, con el impulso de ADEMYS fueron fuertemente rechazadas. En las escuelas primarias públicas porteñas, la tasa de respuesta fue inferior al 38%; en promedio, junto al sector privado, se llegó a un magro 58%, lo que las ubica muy lejos de su pretendido carácter “censal”.
Las evaluaciones externas y estandarizadas ignoran las particularidades de cada grupo y de cada estudiante, no evalúan conocimientos de manera profunda, sino que son meros testeos, y sobre todo, apuntan a establecer sobre el alumnado y la docencia la responsabilidad de la crisis estructural de los sistemas educativos. Estas evaluaciones han sido la herramienta predilecta del neoliberalismo en Chile y México para introducir “premios y castigos” por el desempeño individual que pretenden medir. Apadrinadas por la OCDE y otros organismos multilaterales, han sido un ariete contra las condiciones de trabajo de los y las docentes, han profundizado la desigualdad educativa y han costado millones de dólares.
Estas evaluaciones además han fracasado en otros países. En EEUU, por ejemplo, -donde se establecen rankings de escuelas según los resultados obtenidos en las pruebas- se ha declarado que las mismas empeoran la enseñanza y el aprendizaje porque las y los docentes orientan su currícula para aprobar estas evaluaciones y no para que los alumnos construyan conocimiento. A su vez, México se encuentra en una dura lucha contra la reforma y las evaluaciones docentes, con huelgas masivas y cortes de ruta: allí, los resultados de la evaluación docente han llegado a incidir hasta en un 50% del salario (Ver Rivas, Axel; América Latina después de PISA; CIPPEC, 2015). La pretensión del gobierno es avanzar con la evaluación en todos los niveles. Su consolidación apunta a la implementación del salario por mérito y la adecuación de los contenidos a los requerimientos empresariales profundizando contenidos relacionados a las habilidades blandas (autocontrol, comunicación, liderazgo) en detrimento de las duras (conocimiento académicos, contenidos disciplinares). “Se suele sostener que un estudiante es tan bueno como lo es su maestro” reza el proyecto (“Borrador Plan Maestro”, marzo de 2017; P.22). No casualmente, los resultados del operativo Aprender fueron publicados en medio del conflicto salarial docente con el objetivo de desprestigiar a los y las trabajadores de la educación. La creación de un Instituto Nacional de Evaluación estaría al servicio, entonces, de profundizar la evaluación en todos los niveles.
Chau Paritaria Nacional
En términos generales, mediante el plan se da un nuevo paso en la política de subsidiariedad: el estado que se desentiende en buena parte de la regulación y financiamiento educativos, y “controla” mediante la currícula, las directivas del Consejo Federal de Educación y la evaluación. En este marco, uno de los objetivos del Plan es terminar definitivamente con la Paritaria Nacional Docente y, de este modo, eliminar el mínimo de responsabilidad financiera que aún poseía la Nación expresada en el Fondo Compensador para las provincias. Cabe mencionar que este modelo de financiamiento basado en la descentralización de la reforma de los ’90, y leyes de transferencia previas, profundizó las grandes desigualdades que existían a nivel jurisdiccional, quedando a merced de cada provincia y su propio presupuesto el sueldo de los maestros, y la inversión en materiales e infraestructura.
Al final del proyecto se enuncia que el actual Fondo Compensador con el cual se asiste a las provincias con menos recursos para pagar salarios irá disminuyendo en un 25% anualmente hasta desaparecer en 2020. Se agrega, cínicamente, que “Cada jurisdicción, según sus posibilidades y realidad económica será responsable de negociar los salarios docentes en los respectivos acuerdos marco jurisdiccionales y la Nación garantizará, a través del nuevo Fondo Compensador que el salario mínimo docente, independientemente de las condiciones de la provincia en donde el docente ejerza, se encuentre siempre como mínimo un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil”. Desde ADEMYS seguimos planteando como piso de una paritaria nacional el salario igual a la canasta familiar.
El plan Maestro como punta de lanza contra nuestros estatutos
El plan propone crear un nuevo sistema de carrera docente. Este punto, ya enunciado en la Ley Nacional de Educación de 2006 prevé una formación y carrera diferenciada para directivos, ligada a conceptos empresariales de “liderazgo”, con mecanismos de ascenso y permanencia no explicitados aún. A su vez, en los países en los que se aplicaron reformas en este sentido, se utilizaron las evaluaciones estandarizadas para establecer diferenciaciones salariales, reemplazando los escalafones por antigüedad por puntaje surgido de pruebas externas, de acreditación de cursos de dudoso nivel académico, o de cláusulas extorsivas por presentismo.
En un nuevo caso de restricción de derechos laborales, se plantea como meta para mejorar la educación la reducción del “ausentismo” docente y estudiantil: “reducir en el año 2021 un CINCUENTA POR CIENTO (50%) el tiempo de clase perdido por causas de ausentismo docente y estudiantil, de infraestructura deficitaria y medidas de acción directa adoptadas por los trabajadores de la educación, sin vulnerar sus derechos” (Meta nº 10.1)
En el documento borrador, al hablar de la nueva carrera docente, se plantea: “…este diseño de carrera permitirá superar el esquema actual, donde la variable principal de mejoramiento de las condiciones salariales es la antigüedad. En este esquema, el diseño de la carrera docente tiene que permitir una estrecha articulación entre los primeros años de ejercicio profesional y los últimos. El escalón más alto de la carrera docente debe ser el de monitor de los primeros años de ejercicio profesional de los docentes nuevos. Esta articulación permitirá una transferencia de los saberes y experiencias adquiridos en el servicio por los más expertos a los que recién ingresan” (P. 27 del borrador, Ibídem). De esta manera se plantea una vía alternativa de “ascenso”, la de “monitor”, cuya figura no se especifica, pero que implicaría más que un ascenso, según el propio texto, una diferenciación salarial entre pares. En CABA, el macrismo ha avanzado parcialmente sobre la carrera docente introduciendo la caducidad de los puntajes obtenidos por cursos o la eliminación de las juntas de clasificación electas.
El desmantelamiento de la educación especial
Sin tapujos y tal como viene sucediendo en CABA, el plan propone que la educación especial se diluya en las escuelas comunes. Muy lejos de reconocer el fracaso en materia de “Inclusión” el proyecto se propone “lograr para el año 2026 reconvertir gradualmente el SETENTA POR CIENTO (70%) de las aulas especiales (en escuelas comunes o especiales) en servicios de apoyo a la inclusión” y la disminución del “40% para el año 2026 del ingreso a escuelas de educación especial de alumnos sin discapacidades severas”. Los docentes sabemos que en las aulas trabajamos de manera creciente con alumnos que tienen problemáticas que exceden nuestra formación y para lo cual es necesario disponer de otros tipos de recursos profesionales, que escasean cada vez más. Esto se da a excepción de los APND, una forma de tercerización de la que solo pueden disponer las familias con obra social. Para el resto del área, los nombramientos son cada vez más escasos.
Este desguace tiene un fuerte impacto sobre la escuela pública: de los casi 100.000 alumnos de la Ed. especial, unos de 77.000 asisten a escuelas estatales. Detrás del discurso de la “integración” se profundiza el abandono: miles de niños y niñas sufrirán un pasaje a aulas comunes en condiciones de extrema falta de recursos profesionales, edilicios y materiales.
Más horas y más días de clase
Un capítulo del plan se denomina “Aumentar el tiempo de la enseñanza”. Desde hace un tiempo, el anuncio de la cantidad de días de clase parece ser una de las variables favoritas de los gobiernos para presumir sobre supuestos logros en materia educativa. En este caso, el plan se propone llegar a los 200 días de clase, a masificar la Jornada Extendida. Los docentes sabemos que no es la cantidad de días de clase lo que garantiza mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, sino las condiciones en las que los alumnos van a la escuela y los y las docentes damos clase. Recordemos que hace 30 años los días de clase rondaban los 160, las jornadas de clase eran de 4 horas y no existía un cuestionamiento generalizado sobre los resultados de los aprendizajes. Recordemos también cómo funcionan las escuelas de Jornada Extendida. En la Ciudad, por ejemplo, al no haber una inversión seria, los alumnos hacen actividades “recreativas y culturales” en lugares como espacios reducidos de las propias escuelas o en algunas instituciones que pertenecen a las iglesias. Se trata de tercerizar la educación de los niños pobres mediante convenios con instituciones religiosas y ONGs por fuera del sistema escolar.
Obligatoriedad de escuela secundaria y de sala de 3
El gobierno que en una década no pudo o no quiso asignar vacantes adecuadamente, promete universalizar la sala de 3 años a nivel nacional. Ocurre que muchas de esas salas de 3 se harán bajo gestión asociada, un término que se utiliza para tercerizar la educación de la primera infancia en centros asistenciales conocidos como Centros de Primera Infancia (CPI). Según CIPPEC, una consultora que suele ser impulsora de la reforma educativa, más de la mitad de los niños no asiste a sala de tres años, sumando unos 500.000. Incluirlos implicaría construir no 3.000 salas, como sostuvo públicamente el presidente, ni 10.000 como plantea el Plan Maestro, sino 12.000. Incorporarlos a sala de 3 años “implicaría crear 12.000 secciones y 30.000 cargos docentes, en un contexto donde todavía en algunas provincias están fuera del sistema el 10% de los chicos de preescolar, que es obligatorio hace más de 20 años y, a nivel nacional, el 20% de los de sala de cuatro, obligatoria hace dos años” (Cardini, Alejandra; “La obligatoriedad de sala de tres, una discusión poco significativa”. CIPPEC). Una meta que difícilmente se alcance de la mano de la reducción presupuestaria en curso, a excepción de concebirla mediante la ya mencionada “gestión asociada” con empresas, ONGs y fundaciones.
En cuanto a la escuela media, el plan prevé “lograr para el año 2026 que el CIENTO POR CIENTO (100%) de los estudiantes de escuelas del nivel secundario común, tengan la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes”. En un contexto de extrema precarización laboral, las pasantías para ofrecer mano de obra gratuita o extremadamente barata –algo ya habilitado en la Ley de Educación Nacional de 2006-, forman parte de la perspectiva de este plan y de la voracidad de los empresarios, como quedó demostrado recientemente en el “EXPO EMPLEO JOVEN”.
Formación inicial y continua
El plan describe despectivamente al actual sistema de formación docente como un “conglomerado de instituciones”. Los funcionarios del actual gobierno ya han declarado en varias ocasiones que hay demasiados centros de formación docente. El plan habla de “flexibilizar trayectorias”, “reducir la carga teórica” y “homogeneizar los contenidos interinstitucionalmente”: una especie de normalización y estandarización compatible (y requerida) con la lógica de mercado, la circulación entre instituciones y –a mediano plazo- el posible cierre de algunas por falta de matrícula. Esto cobra especial relevancia en un país donde hay en promedio más institutos de formación docente (IFD) que en el resto de la región. Mientras en Argentina existe un IFD por cada 31.300 habitantes, en Colombia esa cifra va a los 195.000, en Uruguay a los 94.000 y en Chile a los 250.000 (ver Rivas, Axel; CIPPEC, Ibídem).
Al mismo tiempo, se abren numerosas carreras de magisterio y profesorado del nivel inicial en universidades privadas ligadas a la Iglesia Católica. Todo esto no es casual cuando el Ministro de Educación habla de volver a enseñar religión en las escuelas públicas.
Rechacemos el Plan Maestro
Se hace urgente empezar a discutir en cada escuela los lineamientos del Plan Maestro, que debemos rechazar contundentemente, así como también las medidas de lucha para enfrentarlo. Los docentes de todo el país estamos dando una pelea enorme contra el gobierno y sus medios de comunicación, y hemos logrado que la mayoría de la sociedad nos acompañe y se sume a nuestros reclamos. Es por eso que desde ahora debemos organizarnos para pensar cómo hacerle frente a esta nueva avanzada contra la educación pública.
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