El unánime rechazo de la comunidad educativa forzó al oficialismo a modificar su táctica respecto a la creación de la UniCABA. Las aspiraciones de Vamos Juntos por hacerse del control institucional y ejecutar la reforma en formación docente en un solo movimiento y sin escalas, se topó con una resistencia contundente. La nueva táctica, que empezaba a insinuarse hace unos meses, cobra ahora una fisonomía más nítida bajo la forma “coexistencia” entre la UniCABA y los Institutos de Formación Docente (IFD). Esto, lejos de exhibir un cambio en las pretensiones del gobierno, muestra su necesidad de avanzar por etapas: se sostiene el “nuevo” perfil docente a formar y sigue persiguiendo la disolución de los IFD, que para sobrevivirdeberán competir por matrícula y recursos. Un cambio de la táctica, pero no de objetivos.
Maquillando la reforma
Durante fines de julio la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, ensayó diversas apariciones bastante sincronizadas en medios de comunicación. En sus declaraciones, además de intentar contrarrestar el efecto de las medidas de fuerza anunciadas para los días 30 y 31 de julio, impulsadas por Ademys y a las que luego se plegó UTE, intervino tratando de mostrarse propensa al diálogo respecto del proyecto de UniCABA. Su intervención mediática coincidió con una reunión promovida desde el presidente de la Comisión de Educación en la Legislatura porteña, a cargo de Maximiliano Ferraro (CC-ARI en Vamos Juntos), quien convocó a estudiantes terciarios. Se trata de un paso adelante desde el oficialismo tratando de recuperar la iniciativa política ante un escenario sumamente adverso en cuanto a su proyecto de reforma en formación docente.
El 22 de noviembre de 2017, el ejecutivo porteño había anunciado su intención de crear una universidad que monopolice la formación docente porteña (UniCABA). En el escueto proyecto de ley, ingresado el 1 de diciembre a la Legislatura, los artículos 5° y 6° plantean la concentración de toda la formación docente pública en un nuevo ente y la disolución de los 29 institutos de formación docente existentes. Esta iniciativa logró sumar un amplio arco de rechazos: la comunidad educativa, en su conjunto, pero también los más diversos especialistas en educación y la opinión pública en general mostraron su oposición o bien tomaron debida distancia hacia esta propuesta. Como se ha señalado en otros artículos, esta reforma en terciarios se enmarca en una arremetida general que se da en el plano nacional (mediante le llamado “Plan Maestro”) y hemisférica (contempladando las propuestas de la OCDE y el Banco Mundial sobre formación docente; ver sobre esto http://www.ademys.org.ar/v2/radiografia-una-reforma-autoritaria-privatista/).
Ante un rechazo total en los institutos terciarios, pero también por parte de actores que suelen mostrase cercanos al gobierno como universidades privadas con fuerte poder de lobby (Universidad de San Andrés, por ejemplo), el ejecutivo porteño reformuló su agenda y su táctica. Se trata ahora de un avance por etapas, que supondría la coexistencia entre la UniCABA y los IFD, que deberían competir por su matrícula y recursos, corriendo en desventaja estos últimos en cuanto a acreditación de sus títulos se refiere.
En una entrevista reciente ante el periódico Tiempo Argentino, la ministra Acuña plantea que “la UniCABA sigue adelante” (22-07-18). Ante la pregunta acerca de si el gobierno va a persistir en la reforma en el nivel superior y la creación de la UniCABA, la ministra responde: “Absolutamente. Es necesario transformar la formación docente. (…) Hoy estamos yendo a un modelo de discusión donde probablemente cambien todos los artículos de la ley.”
En un documento sin firma pero atribuido a algún sector del ejecutivo, girado a la casilla de correos del CESGE (ente que nuclea a los rectores y rectoras de los IFD), se plantea en uno de sus apartados la necesidad de un “período de transición” en la reforma en la formación docente: “Es necesario delinear el proceso de transición entre los modelos institucionales y formativos actuales y el propuesto. La universidad debería poder integrar progresivamente a los institutos existentes”. Dicha “integración” contempla, por ejemplo, “avanzar con procesos de evaluación, acreditación y/o redefinición de las instituciones y carreras”.
A su vez, en la antes mencionada reunión promovida por el legislador Ferraro, realizada el 23-07, representantes estudiantiles plantearon su rechazo a esta nueva tentativa de hacer pasar el proyecto de la UniCABA. Exigieron el retiro del proyecto, a la par que requirieron información que, desde luego, no les fue suministrada. En una minuta elaborada por los propios alumnos y alumnas asistentes, se destaca: “Ferraro niega el cierre de los 29 profesorados, y dice no conocer los dichos de la Ministra Soledad Acuña sobre los mismos, en el mes de diciembre. Explica que él está pensando en un modelo de transformación y convivencia de los institutos con la UniCABA. Cuando se le consulta si entonces la ley no prevé el cierre, dice que <eso no lo puedo asegurar>”.
La alternativa del gobierno ante la férrea resistencia encontrada, en especial en el estudiantado y la docencia, parece ser la de avanzar en un vuelo con escalas que logre desarticular el sólido bloque que se opone a la UniCABA y le permita lograr, al menos parcialmente, sus objetivos: uno, avanzar hacia la disolución parcial y paulatina de los institutos existentes; dos, el control político de la formación docente (cuyas instituciones hoy poseen alto grado de autonomía); tres, modificar el perfil del docente a formar, en clave de que sea quien aplique la reforma educativa en curso.
¿Docentes para qué?
Uno de los ejes de la reforma en el nivel terciario implica reducir la cantidad de IFD en número. Como vienen señalando diversos organismos internacionales, afectos al ajuste, y sus usinas locales, en nuestro país el promedio de instituciones que forman docentes supera el promedio de la región. Como plantea el CIPPEC, fundación vinculada a políticas neoliberales, en Argentina existe una institución formadora de docentes cada 31.400 habitantes. Esa misma relación entre variables en Uruguay es de una institución cada 94.600 habitantes, en Colombia de 1 cada 195.800 y en Chile cada 251.500 (ver Rivas, Axel; “América latina después de PISA”; 2015). Pero si bien el cierre de instituciones y su reemplazo por otras controladas desde el poder ejecutivo constituye un grave ataque a la educación pública, ése no es el único propósito. El cambio en la matriz del docente a formar, del egresado de los IFD/UniCABA, es otro objetivo relacionado.
En el documento de trabajo “Propuesta de perfil del egresado de la formación docente inicial”, publicado sin firma pero alojado en la web del Ministerio de Educación porteño, en un texto no exento de los ya característicos errores gramaticales y poblado de una escasa solidez académica, se plantean conceptos ligados a este aspecto de la reforma: formar un docente “flexible”, adaptado al cambio y a la “incertidumbre”. Se plantea allí que “al presentarse el futuro como algo incierto ya no existe la linealidad y la previsibilidad de hace años atrás. Hoy estamos llamados a educar para lo desconocido. Ya no alcanza con focalizar solamente en los contenidos disciplinares, es necesario incorporar en la formación docente las problemáticas propias de los nuevos escenarios sociales y culturales, las subjetividades de quienes aprenden y las nuevas tecnologías que nos presenta la cultura digital” (Pág. 2). La degradación de los contenidos disciplinares aparece enunciada casi con transparencia. En nombre de los cambios tecnológicos y las llamadas “sociedades de la información y el conocimiento”, categoría que implica discusiones y debates acerca de su validez científica, se trata de esgrimir un cambio estructural en todo el sistema educativo. En el documento, que retoma y amplía el lacónico y conceptualmente paupérrimo powerpoint “Desarrollando talento”, presentado en noviembre de 2017, abundan los clisés, la carencia de rigor y la fraseología presuntamente académica, pero visiblemente hueca. Un ejemplo: “Es necesaria la reiteración de situaciones en las que el estudiante pueda desarrollar la capacidad aunque sin repetir exactamente las condiciones ya que la capacidad es en cierto aspecto una cualidad compleja que se consolida y adquiere cierta estabilidad aunque siempre permitiendo la flexibilidad ante la situación concreta y contextualizada.” (sic; Pág. 6) El borrador, además, argumenta sobre la necesidad de la reforma en base a novedades que no son tales. “El presente Proyecto prevé la incursión en las prácticas docentes desde el primer año de cursada”, sostiene el material (Pág. 9). En la actualidad los Talleres 1 y 2 están organizados de manera tal que quien ingresa los pueda cursar en el primer año de su carrera.
En definitiva, se aspira a proyectar “un perfil docente que (atienda) las demandas y necesidades provenientes de una realidad compleja y un futuro incierto”. La “flexibilidad” es un valor. Aparece tanto como principio a fomentar en los alumnos y alumnas en la carrera docente (para actuar ante escenarios cambiantes, para “la organización y el uso de los tiempos y espacios”, etc.) como también en tanto valor que estructuraría la nueva carrera (mediante la “virtualidad”, los “cursos de verano” o la modificación de las correlatividades, por ejemplo). Como no podía ser de otro modo, el “emprendedorismo” ocupa un lugar destacado, como “eje transversal”. También lo ocuparía la ESI (Educación Sexual Integral), aunque cuesta creer que el gobierno que en 2017 eliminó las jornadas destinadas a reflexionar sobre su implementación y que atestó las oficinas de Carrera Docente en el Ministerio de Educación con personajes oscurantistas de la derecha católica, pueda jerarquizar una educación sexual que no sea una boca de expendio de prejuicios al por mayor.
Como se ve, el docente que pretende la reforma es, nada menos, que quien garantice desde las aulas su aplicación.
El fantasma de Abrevaya: “proyectos alternativos” que no lo son
En el año 2011, el por entonces legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, ocupó un lugar de notoriedad. Su posición en la legislatura porteña sirvió para aprobar una resistida y controversial arremetida del PRO contra las Juntas de Clasificación electas por voto democrático. Días antes de que se venciera su mandato legislativo, Abrevaya ofreció su voto y su firma para impulsar un proyecto “alternativo” al de la bancada PRO: en definitiva, operó allí un paso de comedia habitual, mediante el cual se camuflaban los elementos esenciales del proyecto de ley original y se avanzaba en la destrucción progresiva de las Juntas. El proyecto se votó un 2 de diciembre, en el año 2011, en medio de movilizaciones de miles de docentes, y con una sesión donde no faltó casi nada: barrabravas pegándole a manifestantes en la puerta de la Legislatura, balas de goma y gases de la entonces Policía Metropolitana… Sergio Abrevaya, cuyo mandato legislativo vencía en menos de 10 días y no renovaba banca, logró ser nombrado, llamativamente, como presidente del Consejo Económico y Social de CABA; un organismo cuya función costaría definir con precisión, pero cuyo presupuesto anual suma varios millones de pesos.
Las similitudes entre este hecho y la táctica actual para “hacer pasar” el proyecto de la UniCABA son varias. A manera de parodia, la historia parece repetirse: un legislador de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, parece encabezar hoy en día el lobby para que el ampliamente rechazado proyecto de cierre de profesorados y reemplazo por una nueva institución digitada desde el ejecutivo, logre su cometido. A diferencia de lo ocurrido con Abrevaya en 2011, Ferraro, quien preside la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña, pertenece a la coalición “Vamos Juntos”. No obstante, su tarea es la de encabezar la iniciativa para “recalcular”, y lograr apoyos al proyecto de la UniCABA, incluso modificando en parte su articulado. Una operación de maquillaje para buscar un acercamiento con otros bloques, como GEN o Evolución, o parte del peronismo; con sectores de la Iglesia o universidades privadas, hasta ahora distantes del proyecto, aunque no de la perspectiva de una reforma regresiva para la educación superior; o con parte de la burocracia sindical docente, aquella que negoció en 2011 la derrota en la pelea por las Juntas de Clasificación, pero que pagaría un elevado costo político si se bajase del reclamo contra la UniCABA en las actuales circunstancias.
Es decir, un proceso de negociación con sectores que poseen un fuerte poder de lobby, pero para hacer pesar sus propios intereses en el nuevo borrador de ley, y no los del estudiantado ni la docencia. Cambiar algo para que nada cambie.
La unidad como garantía para el retiro del proyecto
La necesidad de mantener el rechazo a la UniCABA y la exigencia de retiro del proyecto cobra cada día mayor vigencia. El gobierno pretenderá generar una apariencia de “diálogo” para incorporar, en el mejor de los casos, aspectos formales del reclamo de la comunidad educativa. En un momento de relativa debilidad del bloque de gobierno, sacudido por protestas y escándalos de corrupción, es preciso redoblar los esfuerzos planteando la defensa de una formación docente pública, en instituciones que puedan mantener su autonomía respecto al poder ejecutivo y con un perfil de docente que no sea el ejecutor acrítico de reformas flexibilizadoras.
Las posibilidades de que el gobierno no logre imponer esta reforma autoritaria y privatista dependerán, en gran medida, de la capacidad de que la comunidad educativa, en particular las y los estudiantes y la docencia organizada, mantengan su unidad en torno rechazar la UniCABA y lograr el retiro definitivo de su proyecto de la legislatura. El protagonismo de las bases y su movilización definirán el rumbo de esta reforma en la cual, por ahora, el gobierno no puede imponerse.
Mariano Garrido, Secretario de Asuntos Pedagógicos – Ademys
