EVALUACIÓN EXTERNA DE LA EDUCACIÓN
Tres proyectos. Una misma política.
El año pasado la Legislatura trató los dos proyectos de Ley existentes referidos a evaluación de la educación en Ciudad de Bs AS. El del PRO propone la creación de un Instituto Autárquico de Evaluación y el del FPV, sostenido por UTE, una Ley de Evaluación Integral y la creación de un Consejo de Evaluación de la Ciudad. Ambos proyectos fueron rechazados por la docencia y ninguno se votó finalmente por falta de acuerdo entre ambas fuerzas políticas. Este año, nuevamente se intenta llevar adelante la aprobación de alguno de los proyectos de evaluación. Ahora se ha sumado también un proyecto del Frente UNEN con similares características que el del PRO.
Nuevamente esta discusión se da a espaldas de los docentes
El Instituto Autárquico del PRO permitiría a la Dirección de Evaluación recibir fondos por fuera de los estrictamente presupuestarios del Gobierno de la Ciudad. La evaluación que pretende tiene el mismo carácter «integral» de la propuesta por el FPV, aunque este último plantee realizarla a partir de un Consejo Evaluador que actuaría dentro del Ministerio y sin autarquía financiera. Pero, en su artículo 2, el proyecto del FPV deja abierta la puerta a la posibilidad de la injerencia externa de una institución evaluadora sosteniendo que “Las políticas educativas de evaluación son competencia del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace”.
Desde Ademys venimos denunciando que es falaz sostener que los sistemas de evaluación externos, estandarizados, censales, tienen el propósito de mejorar la educación, sean estos efectuados desde organismos autárquicos u organismos internos al propio ministerio, en los que se desarrollaría una pretendida participación de representantes sindicales e incluso estudiantiles. Lo que debe cuestionarse no es la autonomía en el manejo de finanzas, sino los objetivos que estos sistemas persiguen – explicitados por el propio ministro Bullrich el año pasado – y el camino que profundizan: establecer una relación entre resultados de la evaluación (y del «rendimiento» de los estudiantes) con el salario; vincular la permanencia en los cargos docentes con los resultados de la evaluación; subordinar la enseñanza a «pruebas» nacionales e internacionales presentadas ideológicamente como estándares «objetivos»; implementar el rankeamiento de escuelas y otorgar una distribución presupuestaria en relación a los resultados de la evaluación.
La implementación de este tipo de evaluaciones profundiza la adaptación de las relaciones laborales, salariales y educativas a los requerimientos de los organismos internacionales y sus representantes locales.
El proyecto del FPV, pretendidamente superador del proyecto del PRO, abre la puerta a que las prácticas docentes se evalúen desde organismos externos a las escuelas, por tanto descontextualizadas del propio proceso educativo, reduciendo la evaluación a una cuestión estadística y por tanto cuantitativa, como se sostiene en su art. 6 “La información que resulte de los procesos de evaluación, sea de los estudiantes, de la práctica docente, o del impacto de la aplicación políticas específicamente destinadas a su mejora, reviste carácter estadístico”. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos estadísticos que tendrán validez educativa? El proyecto del FPV pretende impulsar una “evaluación educativa integral» que implica “Evaluar los instrumentos, prácticas, y estrategias que se desarrollan en los procesos de enseñanza aprendizaje”. Pero ¿qué evaluación central, externa y centralizada puede evaluar esto? Esto solo puede hacerse en cada establecimiento, contextuado a cada acción educativa. ¿Cómo puede un instrumento estandarizado externo “Evaluar las Instituciones y Organizaciones escolares, el diseño de proyectos educativos y su impacto en la comunidad”?
Es una falacia afirmar que dicha evaluación estadística proveerá la información que en la misma fundamentación del proyecto ya existe: el sistema educativo es crecientemente desigual y fragmentado, debido a las políticas educativas vigentes. Las mismas fuerzas políticas que son co-responsables de esas políticas educativas impulsan, ahora, una «evaluación integral», externa y centralizada, de los procesos e instituciones educativas impactados por la desigualdad y fragmentación producidas por sus mismas políticas.
Los docentes venimos denunciando desde hace años cuáles son los problemas del sistema educativo, cuáles sus falencias, cuáles las necesidades educativas para mejorar el proceso de aprendizaje y la labor docente. En numerosas jornadas hemos debatido y elaborado propuestas desde las escuelas y evaluado la política educativa del Ministerio de Educación, verdadera causa de los problemas de la educación pública.
La gran mayoría de la docencia rechazó la evaluación externa y denunció que la presente apunta a destruir el Estatuto Docente. Este rechazo se enmarcó además en los resultados negativos que este tipo de políticas evaluadoras han tenido en los países en los que ya se han implementado. Se reafirmó que la evaluación ya existe y debe ser practicada en el marco de la misma institución entre docentes, de modo colectivo, a fin de fortalecer el trabajo cooperativo.
Los docentes señalamos además la desatención de las autoridades a los problemas edilicios y de infraestructura; la necesidad de aumento del presupuesto educativo para mejorar los salarios, construir escuelas en la zona sur, comprar edificios actualmente alquilados, crear jardines para el nivel inicial, y proveer material didáctico; y denunciamos la precariedad de docentes contratados, el atraso en los pagos como factores que inciden negativamente en la educación.
Señalamos también la necesidad de ampliar los actuales EOE; de rediseñar la jornada laboral para incluir la formación continua y la capacitación docente en servicio y en instituciones públicas como el CePA. Hemos denunciado y resistido la política de cierre de grados y cursos y el permanente aumento de los subsidios a las escuelas privadas, lo que alienta la privatización del sistema y provoca la pérdida de matrícula de la escuela pública, mientras se sub-ejecutan los presupuestos de infraestructura.
De lo que se trata es de discutir y evaluar las políticas implementadas en materia educativa, tanto por parte del Gobierno Nacional como por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de análisis estadísticos y técnicos, los docentes, los estudiantes y las familias conocemos y expresamos cotidianamente muchas de las falencias antes mencionadas, sin respuestas positivas por parte del gobierno.
Ademys reitera ante la Comisión de Educación de la Ciudad de Bs As y el propio Ministerio de educación su rechazo a ambos proyectos de Ley y convoca a las escuelas a tomar en sus manos este debate, a elevar a la Legislatura de la Ciudad el rechazo a ambos proyectos y a hacer llegar las propuestas de mejora de la educación que los docentes ya hemos elaborado.
Ademys