Desde el año pasado se vienen implementando modificaciones en las reuniones de continuidad y reubicación (ahora llamadas “reasignación”). Esto sucede como resultado del traspaso del cargo de ACDM al Escalafón A por medio de la Ley 5206/15 que se aprobó entre gallos y medianoche.
Estos cambios, no fueron informados previamente, son infundados, injustos, arbitrarios y fueron impuestos por parte de la Directora de Educación Especial María Sanbruno, su asesora, Almida Merega (conocida como “Pachi”) y las supervisoras del Escalafón “A”, María Teresa Smith y María Luisa Morel.
El año pasado hubo una evidente falta de transparencia y una decisión deliberada de desorganizar las mencionadas reuniones. Este año, desde la Comisión de Educación Especial de Ademys, presentamos una nota a la DEE y a la Supervisión del Escalafón “A” para evitar una situación similar. Allí planteamos que se continuara con la forma y criterio que se utilizaba desde el 2011 en la elección de las escuelas para las/os ACDM, con el objetivo de garantizar la esencia del Estatuto Docente en cuanto sus principios democráticos y de transparencia.
Sin embargo, no sólo no tuvieron en cuenta esos planteos, sino que avanzaron con más modificaciones, nuevamente sin informar, sin explicar e imponiendo arbitrariamente criterios que violan la transparencia y la elección democrática de las escuelas por parte de las/os Asistentes Celadores.
Pasamos a detallar las modificaciones:
1) Hasta el año pasado se realizaban dos reuniones: una para las/os ACDM que continuaban en la misma escuela que el año anterior. Otra, para quienes definían trasladar o debían cambiar de escuela porque la/el estudiante al que asistieron ya no concurriría a ese establecimiento. Esta forma ordenaba y hacía más eficiente y óptimo el desarrollo de ambos procesos. Este año, hicieron una sola reunión por zona, en donde estaban todas/os mezclados.
2) En las reuniones de reubicación se exponían públicamente -con fotocopias pegadas en las paredes- todas las escuelas disponibles. Según la zona y por orden de mérito, cada ACDM era llamado a elegir su destino. Este año, las escuelas no fueron expuestas públicamente, violando la transparencia. Además, hubo varias/os ACDM que fueron designados a dedo por Almida Merega con acuerdo de las supervisoras del Escalafón A.
3) En el caso de las/os ACDM en uso de licencia en los que su suplente tenía que reubicar, volvieron a imponer que el titular no pueda participar de la elección de escuela y que se llame por el puntaje del suplente. De esta forma se atenta contra el derecho del ACDM titular de definir el lugar de trabajo. Al mismo tiempo genera situaciones absurdas: como los casos de titulares que se reincorporaban al día siguiente o a los pocos días de la reunión y debían resignarse a una decisión tomada por quien no seguiría en el cargo (hubieron casos concretos afectados por este criterio).
Resulta al menos llamativo que las autoridades fundamentaran que las modificaciones se hicieron para “respetar” el Estatuto Docente siendo que, quien expresó dicho argumento fue Almida Merega (asesora de la Directora de Ed. Especial, contratada a dedo por el PRO), bajo un supuesto rol de Coordinadora General de ACDM. Esta persona está jubilada y no tiene ninguna designación para ejercer ese rol. El cargo de Coordinador/a General de ACDM está creado estatutariamente hace más de 3 años, pero el gobierno no convoca acto público para cubrirlo estatutariamente. Es decir, Almida Merega está contratada por el gobierno para ejercer ese rol de forma ilegal.
El 12 de marzo, producto de la lucha, se cubrieron por Estatuto Docente los dos cargos de Coordinación Zonal que faltaban, pero nuevamente dejaron sin cubrir el cargo de Coordinación General.
En una reunión realizada esta semana entre las supervisoras del Escalafón “A” y un representante de nuestro sindicato, planteamos la profunda preocupación por las modificaciones implementadas. La respuesta se limitó a que eso ya lo habíamos expresado por nota, y que las respuestas serían por escrito. Lo único que respondieron es que las escuelas no fueron publicadas en papel porque no tenían ni tinta, ni personal para imprimirlas.
Es importante señalar que desde la Comisión de Educación Especial de Ademys hace más de 4 años que trabajamos colectivamente en la reglamentación del cargo de ACDM. Lo hicimos convocando públicamente a reuniones abiertas. Durante varias semanas, trabajamos la reglamentación teniendo en cuenta la complejidad del rol e hicimos entrega de la misma a la Dirección de Educación Especial. Hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Advertimos que la falta de reglamentación del cargo da lugar a que las autoridades realicen arbitrariedades como las descriptas más arriba. Esto es parte de una evidente decisión política de parte del gobierno del PRO de avanzar contra la Escuela Pública y la precarización de las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es de la educación.
En el caso de las/os ACDM estas modificaciones pretenden terminar con la elección transparente y democrática de las escuelas para imponer la designación a dedo. Además, terminar con la estabilidad en los lugares de trabajo. Es decir, en lugar de crear la cantidad de cargos según las necesidades reales, pretenden cubrir el déficit con una mayor precarización. Ya ha sucedido que han quitado ACDM de escuelas donde eran necesarios para cubrir la demanda en otros establecimientos educativos.
En este escenario, es necesario luchar para sostener los derechos conquistados y conseguir la aprobación de la reglamentación del cargo presentada por la Comisión de Educación Especial de Ademys para que se convierta en una herramienta frente a las arbitrariedades. Al mismo tiempo, es necesaria la unidad con el resto de las/os docentes para luchar por un salario igual costo de la canasta familiar, defender la Educación Pública, resistir contra el ajuste y evitar la destrucción del Estatuto Docente.
