En las últimas horas, la CGT de Moyano y la CTA de Micheli se han sumado al paro de transportes convocado para el 31 de marzo, convirtiéndolo en un paro general.
Muchas de las demandas que se expresan para convocar a la medida son sentidos reclamos del conjunto de los trabajadores que venimos sufriendo un empobrecimiento de nuestro salario y condiciones de trabajo. En la Argentina, alrededor del 50% de los trabajadores cobran en promedio $5000, prácticamente un tercio de la canasta familiar, que debería medir el salario mínimo y un 34% trabaja en condiciones de precariedad e inestabilidad, sin obra social, ni jubilación, ni vacaciones pagas. Por otro lado, el impuesto a las ganancias sobre los salarios sigue afectando a dos millones de trabajadores mientras las paritarias pretenden cerrarse en torno del 25-30%, cuando se calcula que en 2014 hubo casi 40% de inflación. Las jubilaciones se han convertido en poco menos que un subsidio a la vejez, muy lejos de lo que debería ser: un salario diferido del 82% móvil.
Pero muy lejos de una perspectiva que plantee la organización independiente de los trabajadores y que promueva sus intereses, las burocracias sindicales convocantes a este paro se mueven por un interés corporativo, circunscripto a los intereses sectoriales, y fundamentalmente a la caja de las obras sociales, y buscan reposicionarse políticamente en el marco de la transición de los últimos meses de gobierno kirchnerista, intentando colocarse como la futura garantía de gobernabilidad de los Macri, Massa o Scioli.
Por eso decimos con toda claridad que las conducciones sindicales burocráticas no expresan los intereses del movimiento obrero, ni programática ni metodológicamente, llamando a paros en conferencias de prensa sin ser discutidos por las bases, promoviendo negociaciones de último momento para suspenderlos, subordinándose a los intereses más reaccionarios y aliándose directamente con sectores empresarios.
Por otro lado, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las patronales son responsables de las políticas que han generado que la crisis económica y la recesión caigan sobre los trabajadores y el pueblo. La reivindicación oficialista del impuesto a las ganancias sobre el salario como medida redistributiva da cuenta de que no existe la intención política de que haya una verdadera redistribución de la riqueza. El apurado decreto de 2013, impone que los que cobraban entre enero y agosto de ese año menos de $15.000 de sueldo bruto se les iba a devolver el descuento correspondiente y, por lo tanto, dejarían de estar afectados. Pero, por un lado, los que superaban este monto siguen pagando todavía más; y, por otro lado, a los nuevos trabajadores que todavía no tenían trabajo en 2013 se les contabiliza este tope desde el primer mes trabajado a partir de septiembre de 2013. En lugar de aumentar los impuestos a los riquísimos empresarios que se han llenado los bolsillos durante todos estos años, desde el gobierno nacional se nos quita salario a los trabajadores para sustentar por ejemplo el pago de la deuda externa que esos mismos empresarios contrajeron. Al ritmo de la crisis, se siguen contabilizando los despidos y suspensiones de a miles de obreros mientras se subsidian los negocios empresarios.
En este contexto, desde Ademys entendemos que no podemos como trabajadores alinearnos ni ser funcionales a las propuestas políticas de la oposición patronal y reaccionaria, pero tampoco ser rehenes del gobierno nacional que busca inmovilizarnos imponiendo una paz social que le garantice la gobernabilidad a costa de nuestros derechos y condiciones de vida y de trabajo.
Existen muchas razones por las que los trabajadores necesitamos organizarnos y pelear de conjunto. Por ello, junto a otros sectores combativos coincidimos en la necesidad de impulsar este paro general como un paro activo que se plantee la continuidad de un plan de lucha nacional que promueva la organización y los intereses del conjunto del movimiento obrero.
Desde el Consejo Directivo de Ademys, impulsamos la adhesión al paro general del 31/3 con esta perspectiva y convocamos a una asamblea el próximo sábado 28/3 a las 10 hs. en nuestra sede, Solís 823, para definir nuestra participación y las acciones a seguir.
Los docentes porteños tenemos muchas razones para un paro general
La paritaria docente ha sido clave para el conjunto de las negociaciones salariales que están por delante. Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, en el marco de importantes movilizaciones en más de una decena de provincias, han logrado imponer de conjunto un promedio de «aumento» de entre 25-30%. Hemos sostenido desde hace tiempo, junto a otros docentes del país, que la educación es un problema nacional. Los problemas de la fragmentación y descentralización educativa, los problemas salariales y de condiciones de trabajo, de infraestructura, son nacionales. Los planes que degradan la educación y las condiciones salariales y de trabajo, como los FinES y otros, que se sostienen con docentes precarios, sin derechos estatutarios ni obra social ni vacaciones, son también responsabilidad del gobierno nacional.
En la Ciudad, se trata de una de las peores paritarias de los últimos años. Un 26% en dos cuotas, con sumas en negro, que mantiene la situación extrema de achatamiento de la escala salarial, las diferenciaciones salariales a la baja y la desvalorización de la hora cátedra. Ademys ha rechazado la propuesta salarial del gobierno que finalmente fue aceptada por algunos sindicatos. Impulsamos la organización de este rechazo, a través de una masiva consulta a toda la base del gremio docente de la Ciudad para que la docencia se exprese en forma directa.
El impuesto a las ganancias sobre los salarios afecta a miles de docentes de la Ciudad, y alertamos sobre el hecho de que afectará de lleno a los nuevos docentes cuya fecha de ingreso es posterior a septiembre de 2013 y cobren un sueldo bruto superior a $15.000, o sea, un cargo de maestro de grado de jornada completa o dos jornadas simples (o sus equivalencias en horas cátedra u otros cargos). Ademys fue el único sindicato que hizo un planteo concreto al gobierno macrista: además del reclamo de la eliminación de este impuesto al salario, transitoriamente, que el gobierno de la Ciudad absorba a través de un complemento salarial el impacto del descuento de Ganancias a los docentes afectados, tal como sucede con los trabajadores del Banco Ciudad y otras empresas.
Con la aplicación de la reforma en Media (NESC), además de la degradación educativa en relación a los planes de estudio, contenidos, titulaciones y la formación de los jóvenes, se están produciendo bajas de horas y cargos generando docentes cesanteados. Es la expresión en la docencia porteña de los despidos que sufren distintos sectores de los trabajadores. Se profundiza, además, la precarización laboral con una proliferación de horas a término por fuera del estatuto docente.
La eliminación de las funciones históricas de las Juntas de Clasificación, sumado a la situación irregular que afecta a miles de docentes que por no haber concursos en tiempo y forma (en las distintas juntas de Media, Superior, Socioeducativa, etc.), hacen que en la docencia porteña haya una preocupante y masiva situación de precarización laboral.
Ademys ha presentado un pliego de reclamos en la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales que contempla además la exigencia de un plan de construcción y refacción de escuelas, el nombramiento de profesionales para los Equipos de Orientación Escolar y demás programas que intervienen en los diferentes niveles educativos, la suspensión de la aplicación de la reforma en Media, entre otros puntos, y la necesidad centralmente de aumentar el presupuesto educativo.
Por la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario
Basta de Precarización laboral, pase a planta de tercerizados y contratados
Paritarias sin techo
Salario mínimo igual a la canasta familiar
Prohibición de despidos y suspensiones
82% móvil para los jubilados
Contra la criminalización de la protesta y la represión a los sectores populares
Por un paro general activo y un plan de lucha nacional
