La muerte de fiscal Alberto Nisman conmovió a todo el país provocando una crisis política y desenmascarando los manejos del aparato del Estado, en especial la relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno y el poder judicial.
Como muchas organizaciones y organismos de derechos humanos han denunciado desde hace décadas, los servicios de inteligencia del Estado, se usan fundamentalmente para infiltrar organizaciones políticas, sociales y gremiales que se opongan y luchen contra los sectores de poder y las clases dominantes. Esto se ha demostrado por ejemplo en los asesinatos de Kosteki y Santillán, en la desaparición de Jorge Julio López, en la infiltración del espía Balbuena durante 10 años en la agencia popular de noticias Rodolfo Walsh, y más recientemente con el Proyecto X de Gendarmería con el que se infiltró a organizaciones sociales y políticas, armando causas truchas, desviando investigaciones e infiltrándose en movilizaciones con el objetivo de criminalizar a aquellos que luchan por sus derechos.
Ninguno de los gobiernos democráticos post dictadura ha desmantelado este aparato de inteligencia. Por el contrario, el actual Gobierno nacional no solo mantuvo y usó a la ex SIDE, utilizando la Secretaría de Inteligencia de Jaime Stiusso al servicio de su política durante más de una década, manteniendo secretos los archivos de la causa AMIA y de la dictadura, sino que además ascendió al máximo puesto a Milani, encargado de espionaje del ejército, quien tiene una causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo durante la última dictadura. Por lo tanto, tiene responsabilidad por la impunidad.
Pero ante la crisis abierta por la muerte de Nisman, los sectores de derecha buscan canalizar el descontento social frente a las tramas que se develan promoviendo una alternativa ultra reaccionaria. En este contexto, la Asociación de Magistrados y varios partidos de la oposición patronal llaman este 18 de febrero a una “Marcha de Silencio”, que lejos está de ser “apolítica”. Por el contrario, quienes impulsan esta movilización forman parte de aquellos sectores que han sido copartícipes de la impunidad, cómplices tanto de la corporación judicial como de los servicios de espionaje.
Los propios fiscales convocantes están acusados de ser partícipes de los encubrimientos de la causa AMIA y muchas otras. Los políticos como Macri, Massa, Carrió, la UCR han gobernado o gobiernan, utilizando este aparato de espionaje e impunidad a su servicio. En la cuidad, Mauricio Macri y Narodowski, junto a Jorge «Fino» Palacios y Ciro James fueron procesados en una causa por escuchas ilegales.Eugenio Burzaco “asesor” de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, fue uno de los primeros elegidos por Macri para comandar la policía Metropolitana entre 2009 y 2011, el mismo que asesoraba al gobernador Jorge Sobisch cuando la policía neuquina asesinó a Carlos Fuentealba. El actual Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, acusado como uno de los que le otorgaron al genocida Héctor Febrés enormes privilegios durante su detención en una base de la Prefectura de Tigre, comanda la Metropolitana, fuerza integrada en un 90% por ex policías de la bonaerense y la federal y que cuenta en su haber con las represiones del Hospital Borda, el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco.
Por otra parte Massa, quien acompañó hasta hace poco la política del kirchnerismo, tiene actualmente como jefe de campaña a Juan José Álvarez, quien fuera un agente secreto de la SIDE durante la dictadura genocida y es denunciado como uno de los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón cuando era Secretario de Seguridad, causa en la que las investigaciones y complicidades recaen también en Felipe Solá (entonces gobernador bonaerense), Carlos Soria (jefe de la SIDE), y el entonces funcionario de Duhalde Aníbal Fernández, actual secretario general de la presidencia de la Nación. En nombre de la “verdad y la justicia” convocan también sectores recalcitrantemente conservadores y pro norteamericanos como Elisa Carrió, Patricia Bullrich y el gobernador De La Sota jefe de la narco- policía cordobesa responsable de miles de asesinatos por el gatillo fácil.
Finalmente, en lugar de defender los intereses de los trabajadores como los injustamente condenados petroleros de Las Heras, dirigentes sindicales como Moyano y Barrionuevo también convocan a la marcha.
Desde Ademys llamamos a no marchar el 18F porque sus convocantes, muy lejos de responder a las aspiraciones de justicia y verdad de la población, buscan una salida reaccionaria y de derecha para que continúe el aparato represivo que persigue a los que nos organizamos, los trabajadores y la juventud.
Seguiremos reclamando la disolución real de la SIDE y demás servicios de inteligencia, la apertura de todos los archivos y la publicación de las listas de espías, los servicios de inteligencia del Ejército y de todos los aparatos de represión, incluidas las policías federal, bonaerense y metropolitana, la disolución efectiva del Proyecto X, y toda forma de infiltración y persecución a las organizaciones de los trabajadores y populares. Esto, junto con que sean los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos independientes del poder los que tomen en sus manos la investigación, será el único camino posible para lograr verdad y justicia.
Sólo con una gran movilización de las organizaciones, sindicales, políticas y sociales juntos a los jóvenes y organismos de Derechos Humanos independientes del gobierno y de la oposición patronal de Macri, Massa, Carrió, la UCR, lograremos una salida ante la impunidad y podremos construir una alternativa en función de los intereses de los trabajadores y sectores populares.