Tal como denunciamos públicamente hace dos semanas, la justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad quitar el acceso a datos personales de docentes a través de la cuenta institucional @bue.
El sindicato Ademys presentó al Ministerio de Educación el reclamo formal por estos cambios, que deben realizar los docentes en la contraseña de su cuenta en un plazo de cinco días. La misma solicitud implica el acceso a datos personales. Por esta razón pedimos al gobierno el cese de estos cambios que implica una clara violación de los derechos civiles más elementales.
Como fundamentamos en el escrito, rechazamos el uso de información privada de los docentes que configura un procedimiento ilegal por parte del empleador, que eventualmente puede utilizar dicha información con fines persecutorios.
Esta medida no resulta aislada, la gobernadora Vidal comunicó días atrás la contratación de una agencia para “observar” las redes sociales en relación a las manifestaciones referidas al sistema educativo. Es decir, una política directa de espionaje en las redes.
Rechazamos el uso de los datos personales de parte del administrador de las cuentas y el propio gobierno de la ciudad, repudiamos la política de persecución que implica el uso de los datos privados de los trabajadores.