Desde hace meses Ademys viene desarrollando una intensa campaña impulsando el proyecto de ley presentado por el FIT en relación a la licencia para docentes víctimas de violencia de género. Dicha campaña se desarrolló a través de un petitorio que ha recorrido las escuelas de la CABA con una aceptación más que contundente de parte de la docencia porteña.
El proyecto que Ademys apoya, se distingue de los otros presentados debido a que contempla , además de reivindicaciones muy sentidas por toda la docencia tales como la extensión de la licencia por paternidad o bien, la licencia por fertilización asistida o adopción, puntos fundamentales para quien transita una situación de violencia de género , como son el otorgamiento de la licencia de forma independiente a la judicialización del caso y la posibilidad de traslados a otras jurisdicciones para aquellas mujeres que así lo solicitasen en función de su situación.
En el marco de esta campaña que venimos llevando adelante, el pasado jueves 7 de julio participamos de la reunión de asesores de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Dicha reunión contó con la presencia de una profesional de la OVD (Oficina de violencia doméstica dependiente de la Suprema corte de justicia) que dio cuenta, tanto desde la exposición inicial como desde las respuestas dadas a las preguntas que los distintos asesores formularon,de las múltiples idas y venidas revictimizantes que esta justicia impone a quienes deciden encarar el camino de la judicialización.
Paradójicamente a lo expuesto por esta profesional, el PRO presentó un nuevo proyecto que exige, como condición excluyente para el acceso a la licencia, la denuncia judicial realizada por la docente solicitante en un plazo no menor a 72 horas. Desde la Comisión de Mujeres de Ademys expresamos nuestro rechazo a este proyecto. Rechazamos de lleno que sea un juez el responsable de certificar una licencia de este tipo. Lo hacemos desde el conocimiento profundo del rol que la justicia juega en este tipo de casos en los que, lejos de acompañar a las mujeres que denuncian, haciendo cumplir las ódenes de restricción y brindando los recursos necesarios para que lla denunciante pueda sostener el proceso judicial, revictimiza sistemáticamente a las mujeres que, rompiendo sus miedos y vergüenzas se atreven a hablar. Rechazamos la extorsión que pretende montar el PRO sobre las docentes que, si están apelando a esta licencia, evidentemente, se encuentran en un estado por lo menos vulnerable desde lo emocional, pero también desde lo económico y social. Señalamos, en este sentido, la importancia que tiene la posibilidad de trasladar su cargo en lo que hace a la conservación del salario y el alejamiento físico de la situación de violencia.
En la Argentina se produce un femicidio por día, de cada diez femicidios sólo dos se encuentran judicializados, la violencia de género no se denuncia, por vergënza, por miedo pero también porque no existe, desde el estado, un andamiaje que permita a las víctimas llevar adelante este proceso. Por otro lado, según nos informa la OVD, la mujer que encara una denuncia judicial ha atravesado ya, entre cinco y siete años de maltrato. Llega a esta instancia deshecha emocional, física y económicamente.El proyecto del PRO, no solo no pretende ser un amparo para las docentes, sino que se transforma en una extorsión regimentadora que revictimiza a la denunciante. Por otro lado, es también un mero intento cosmético de mostrarse preocupados por esta probemática que, luego del #NiUnaMenos, tomó una gran visibilidad mediática.
En ese sentido es importante que sigamos interviniendo para desenmascarar estas maniobras y para dar la pelea por una licencia que sea el marco desde el cual las docentes puedan comenzar a revertir una realidad de muerte y empezar a recorrer un camino de libertad y reparación. Convocamos el jueves 14 a acompañar desde la reunión de asesores de la Comisión de Educación el proyecto del FIT a las 14:30hs -Salon Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Peru 165-
