Las organizaciones obreras deben velar por los intereses de los trabajadores. Rechazamos el Pacto Social. Preparamos los reclamos obreros y populares. Luchamos por la independencia y la democracia en los sindicatos.
En los últimos días se ha conocido las primeras medidas que el nuevo gobierno de Alberto Fernández ha definido tomar. Quienes venimos luchando contra todos los ataques recibidos a los trabajadores en la última etapa señalamos que la prioridad nacional no puede ser otra que la defensa del salario, los puestos de trabajo, la reapertura de todas las fábricas cerradas, el 82% móvil para todos los jubilados, la defensa de las conquistas de los convenios colectivos de trabajo y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos.
En oposición a estas necesidades elementales, la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva” que aprobó el Congreso Nacional, se concentra en darle nuevos beneficios a las patronales y grupos especulativos. Esto se verifica en la rebaja del 4% en las retenciones a los pulpos petroleros o la quita del impuesto a la renta financiera en beneficio de los especuladores. A esto se suma la potestad del poder ejecutivo de otorgar todo tipo de beneficios impositivos a los empresarios, incluyendo la rebaja o exención en los aportes patronales.
La quita por Ley de la movilidad jubilatoria atada a la inflación y la sustitución por un aumento menor en las jubilaciones mínimas constituye una herramienta para el Estado para darle un nuevo manotazo a las cajas jubilatorias y un ajuste a los jubilados, en lugar de garantizar el 82% móvil. Estas cajas son el aporte permanente que hacemos el conjunto de los trabajadores. Cuando se ataca a los jubilados, se ataca a todos los trabajadores. La finalidad de este ajuste se encuentra en las garantías que el gobierno ha otorgado a los especuladores de la deuda y al Fondo Monetario Internacional.
La pérdida de los salarios en promedio en estos años pasados es de un 20%, en algunos convenios mucho más. Quienes hemos defendido el salario y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros como piedra fundamental, entendemos que la prioridad debe ser la recomposición salarial de todos los trabajadores como punto de partida de un plan económico alternativo para que la crisis de la Argentina no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.
Las direcciones burocráticas de los sindicatos tanto de la CGT como de las CTA han definido formar parte del gobierno y ya han metido sus funcionarios en el aparato del nuevo gobierno. De Daer a Baradel, la burocracia sindical se postula como garante de una política que promete “reactivación” pero que tendrá por eje el pago de la deuda en un cuadro internacional de crisis capitalista y recesión mundial creciente. De esto se trata el “pacto social” que venimos rechazando hace tiempo y que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Se están dando las herramientas para continuar avanzando con salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, ataque a los convenios colectivos de trabajo y beneficios impositivos a las patronales. La doble indemnización no frena los despidos y además se propone la suspensión de paritarias por 6 meses. Todo lo contrario a la recomposición salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.
La llamada “economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” como estrategia, es en base a trabajo por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Es lo que ha planteado con mucha difusión mediática el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que promueve micro-créditos que permitan que los desocupados obtengan herramientas, y puedan –vía organizaciones sociales que han sido cooptadas al gobierno con cargos en ese ministerio- integrarse a trabajos dirigidos por cooperativas garantizando así la contraprestación del plan social… de $7.500. Este objetivo, junto al de atacar los convenios y enchalecar los reclamos obreros, es el verdadero contenido del Pacto Social que se prepara junto a los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical.
La combativa clase obrera argentina, a pesar de la atomización y contención que imponen las direcciones sindicales burocráticas, viene sin embargo dando luchas tenaces, como la de los trabajadores de Kimberly Clarck, de Minetti, los residentes y concurrentes que derrotaron a Larreta, los de Egger que lograron su reincorporación o las batallas permanentes de los trabajadores del neumático por el salario y los ataques al convenio colectivo, como así también el sindicalismo combativo docente en todos los sindicatos, asociaciones y seccionales recuperadas, los Ferroviarios del Sarmiento, etc. También los trabajadores desocupados del movimiento piquetero combativo o los docentes y estatales de Chubut.
Impulsamos la deliberación para definir el programa y organizar nuestra lucha
Necesitamos es una acción de conjunto, un plan de lucha en defensa de los salarios y jubilaciones, contra los despidos y contra la destrucción de nuestros convenios laborales.
Planteamos la más amplia deliberación del movimiento obrero ante la etapa que se avecina. Asambleas, plenarios de gremio mandatados por asambleas de cada lugar de trabajo, reuniones de activistas. Los trabajadores no podemos esperar más. Argentina se encuentra económica y socialmente como el conjunto de América Latina, cuyos trabajadores luchan en todos los países.
El Plenario del Sindicalismo Combativo denuncia a la burocracia sindical que pretende estatizar al movimiento obrero en un “Consejo Económico Social”. Promovemos que los trabajadores nos organicemos para enfrentar la ofensiva capitalista de la que somos víctimas, donde ellos descargan su crisis sobre nuestras espaldas.
El Plenario del Sindicalismo Combativo convoca a todos los sectores antiburocráticos e independientes del movimiento obrero a poner en pie una agenda obrera para el país y un plan de lucha para conseguirlo.
Inmediata reapertura de paritarias, defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo, salarios equivalentes a la canasta familiar actualizados por inflación, otorgamiento y respeto de cláusulas gatillo, mínimo salarial y jubilatorio equivalente a la canasta básica, movilidad jubilatoria trimestral por índice de costo de vida, duplicación del importe y apertura de los planes sociales, doble aguinaldo para afrontar aumentazos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, reincorporación de todos los despedidos estatales, reapertura de las fábricas cerradas en los últimos años garantizada por el Estado, apertura de los libros y control obrero de los precios, anulación de los tarifazos aplicados desde 2016, estatización bajo control de los trabajadores y usuarios de todas las empresas privatizadas, no pago de la deuda externa, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores, aborto legal, seguro y gratuito, autonomía política de los sindicatos, plan de lucha, resuelto en asambleas y congresos de delegados con mandato.
No al Pacto Social, no a las reformas laboral ni jubilatoria, no a la flexibilización laboral y el trabajo precarizado, blanqueo de todos los trabajadores.
Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo:
– Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
– Rubén «Pollo» Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
– Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
– Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
– Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
– Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
– Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
– Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
– César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
– Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
– Gastón Vacchiani, secretario general UTS
– Roberto Muñoz, junta interna ATE Conicet
