Con los niños no, con los docentes tampoco

DEMORAN ARBITRARIAMENTE A DOCENTES EN UNA COMISARÍA PORTEÑA

A partir del caso de las docentes del JIC 2 DE 12, se ha puesto de manifiesto la falta de políticas públicas para la protección de la niñez y la necesaria garantía desde el estado de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo, este caso evidencia de la manera más terrible, como un estado que se desliga de sus responsabilidades no cesa de atacar a la docencia.La situación de vulnerabilidad frente a la que no sólo se encuentran los niños sino también los trabajadores y trabajadoras docentes se expuso de manera escandalosa en el día de hoy cuando frente a la denuncia de una madre, se citó a la comisaría Nº 48 a una maestra de la escuela 12 DE 13, quien al concurrir junto a la secretaria de la institución fue demorada y tomadas sus huellas dactilares, en un procedimiento arbitrario, intimidatorio y absolutamente violatorio de sus derechos. Cabe destacar que inmediatamente se hizo presente el supervisor escolar para acompañar a las docentes.
Ante los reclamos al Ministerio de Educación, los funcionaron se limitaron a contestar que era un «procedimiento correcto», evidenciando la absoluta despreocupación por garantizar los derechos civiles fundamentales que corresponden a cualquier persona.
Así como los niños están absolutamente indefensos frente a cualquier tipo de situación de maltrato, -ante el terrible caso de Agustín, el Ministerio de Educación no ha tomado ninguna medida efectiva para incrementar la planta de los Equipos de Orientación Escolar o de poner en marcha políticas públicas efectivas desde los distintos organismos- los docentes nos encontramos así mismo ante un ataque a nuestros derechos como trabajadores y personas frente a denuncias que en la gran mayoría de los casos luego se demuestran absolutamente infundadas.
Ante la crisis social que multiplica los casos de violencia sobre los niños y un estado que se desliga de sus responsabilidades los docentes nos encontramos ante una situación de indefensión, vulnerabilidad e inseguridad. Todo lo cual afecta por supuesto las condiciones de trabajo, salud y seguridad que los docentes necesitamos para desarrollar nuestra tarea educativa. Además, los costos emocionales, personales y laborales de las situaciones de difamación y violencia sufridas son irreparables para quienes todos los días ponemos el cuerpo en la escuela pública.