La Cámara de Diputados aprobó finalmente la semana pasada el Presupuesto 2023. La aprobación por parte de los bloques mayoritarios se realizó partiendo ya de una grave distorsión: se prevé una inflación para el año próximo del 60%, lo que a todas luces se quedará muy por debajo de lo real. En el proyecto original el Gobierno nacional destinaba $1.362.052,7 millones a la cartera educativa. Esto significa que el gobierno disminuía los gastos para el Ministerio de Educación en un 14,9% en relación con los gastos de 2022. Sin embargo, ante lo escandaloso de esta medida y luego del debate parlamentario, debieron introducirse algunos cambios, pero que significan de todos modos un brutal recorte del presupuesto educativo: una baja del 9% en comparación con lo destinado en 2022. Es decir que más recortes y ajustes se sumarán a los ya anunciados en agosto de este año, cuando el Gobierno realizó un recorte de 50 mil millones de pesos a los fondos destinados al programa Conectar Igualdad y a la realización de obras de infraestructura en el nivel inicial.
Es importante mencionar que el grueso del presupuesto nacional de Educación se destina a universidades y luego, básicamente a las partidas destinadas a los operativos de evaluación y de formación docente. Es decir que en las partidas no se incluyen gastos para el funcionamiento de las escuelas y sueldos docentes, dado que esas atribuciones les corresponden a las provincias. Esto implica que el peso mayoritario del presupuesto educativo en los niveles inicial, primario y secundario debe ser afrontado por cada jurisdicción.
Por otra parte, es importante tener presente que en general, las partidas presupuestarias aprobadas pueden ser modificadas, reasignadas o sub-ejecutadas, como ocurre habitualmente, por lo que no está garantizado el gasto real del monto aprobado ni su recorte a futuro.
Para todo este año el Gobierno nacional prevé destinar al Ministerio de Educación $ 915 mil millones, un 5.5% del presupuesto total. Como una concesión, se aprobó que si hubiera readecuaciones presupuestarias, estas no podrían implicar un gasto en educación inferior al 1,33% del PBI. Este monto, que se propagandiza como un compromiso con la educación, es aún inferiores al pico del 1,66% logrado en 2015 y evidencia que ya se prevén recortes para el área.
Con los datos de 2022, en 5 de los últimos 10 años el presupuesto del Ministerio de Educación resultó inferior al ejecutado el año anterior: hubo caídas en 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020. No obstante, si se compara en términos reales, los gastos previstos para 2022 son un 15,9% inferiores a los ejecutados en 2015.
Así, el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años (el más bajo fue el de 2020).
En la última década, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado ajustes en educación: 2014 (-2,9%); 2018 (-9,2%); 2019 (-6,9%); 2020 (-15,6%); 2023 (-15,5%)
Todos estos recortes tienen claramente una explicación. El gobierno se ha comprometido ante el FMI para reducir el déficit fiscal del 2,5% en 2022 y al 1,9% en 2023, alcanzando esos montos a costa del hambre, la salud, la educación y la vivienda de nuestro pueblo.
Pero no sólo aumentarán en un 102% los pagos de la deuda en 2023, sino que también se le ha dado enormes beneficios fiscales a los empresarios, en lugar de por ejemplo, reducir el IVA, para bajar el precio de los alimentos de primera necesidad que empujan a la indigencia y la pobreza a millones de niñxs y sus familias.
Desde Ademys, rechazamos este presupuesto de ajuste, que significa la continuidad de todas las carencias que venimos señalando: la precarización laboral de la docencia, las precarias condiciones de aprendizaje para lxs estudiantes, con problemas de infraestructura, falta de equipos y conectividad, de material didáctico. Con miles que se quedan sin vacantes y sin escuelas ni jardines.
Exigimos la re nacionalización del sistema educativo, el aumento en las partidas presupuestarias, modificaciones en la jornada laboral y un salario igual a la canasta familiar.
Plata para la educación pública,
no para el Fondo Monetario ni los grandes empresarios.
