La legislatura porteña aprobó hace pocos días un proyecto de ley de entrega de 17 predios, que pertenecían a la Ciudad, a la Iglesia Católica de forma gratuita. Para hacerlo, primero los declararon “innecesarios”.
Se trata de una superficie total de 30.000 metros cuadrados, y buena parte de ellos pertenecían al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Esta entrega del patrimonio público de la ciudad se hizo en nombre del rol social de la Iglesia Católica.
En la ciudad, alrededor de 500.000 personas están en situación de crisis habitacional, con decenas de miles viviendo en villas miseria o asentamientos precarios, hacinamientos, hoteles, pensiones o directamente en talleres clandestinos, donde se combina condiciones de vida infrahumanos con la esclavitud laboral.
Desde hace años, desde Ademys y amplios sectores de la comunidad educativa venimos reclamando la necesidad de construcción de jardines y escuelas en todos los barrios de la ciudad, especialmente en la zona sur, que garantice las vacantes en las escuelas públicas de la ciudad a todos los niños y jóvenes. La Asociación Civil para la Igualdad Jurídica (ACIJ) demandó al gobierno de la ciudad para que cumpla con el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y lleve adelante un plan de construcción de jardines. El gobierno incumplió el compromiso asumido ante la Justicia con el argumento de que no hay predios disponibles.
La falta de hospitales y espacios verdes y de recreación, etc., en los barrios populares es arto evidente. Sin embargo, los principales bloques legislativos (PRO, FpV, ECO) decidieron que estos predios eran “innecesarios”.
Los argumentos en PRO y en contra
El PRO planteó que en los inmuebles actualmente “funcionan distintas instituciones de la comunidad Católica Apostólica Romana, donde desarrollan tareas eclesiásticas y deportivas”.
Gabriela Alegre, jefa del bloque del FpV argumentó su voto a favor en que se trata “de parroquias, por eso acompañamos esta ley. Además hicimos hincapié en que no se permitirá el uso para otros fines que no fueran educativos y religiosos” (Página/12, 4/9/2015), como si el estímulo de la educación privada y confesional fuera progresivo respecto de la necesidad de construcción de escuelas públicas en esos mismos barrios.
Lo cedido al Arzobispado representa unos 30 millones de dólares. Al respecto, la Diputada María Rachid -del mismo bloque de Alegre, aunque se opuso al proyecto- manifestó que una de las dos propiedades cedidas por 20 años al Arzobispado es usada por la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en el barrio porteño de Saavedra, con fines de lucro. “Alquilan canchas de fútbol cinco a un precio que no es para nada popular” (InfoNews, 4/9/2015).
Alejandro Bodart del MTS, quien rechazó el proyecto, planteó que “es un ley medieval en el siglo XXI, un atropello al patrimonio público. Los bloques PRO, K y Suma+ le regalan al Arzobispado inmuebles que son de todos los porteños” (Clarín, 4/9/2015).
Marcelo Ramal del Frente de Izquierda y los Trajadores, otro de los cuatro Diputados que se opusieron a esta entrega, afirmó que «la cesión gratuita de estos terrenos a la Iglesia convierte a la Ciudad de Buenos Aires en un Estado confesional. Los legisladores del PRO y el FpV están compitiendo por el apoyo del Vaticano a sus respectivas candidaturas presidenciales. Además de esta entrega de predios, el precio de este sometimiento será la liquidación del laicismo y la negación del derecho al aborto legal, como ya viene ocurriendo. El voto positivo de los supuestos progresistas a esta cesión gratuita de tierras sólo demuestra la bancarrota política de todos ellos y su renuncia a las banderas más elementales del laicismo» (Prensa Obrera, 10/9/2015).
Desde Ademys rechazamos esta nueva entrega del PRO y la seudo oposición legislativa a favor, esta vez, de la Iglesia Católica.