Desde su asunción, el macrismo ha asumido una política de disciplinamiento, desacreditación y desjerarquización de la labor y la carrera docente, apuntalada por una notoria precariedad laboral y diferenciación salarial de amplios sectores de la docencia.
La desprolija y desorganizada inscripción docente on line, muestra a las claras el vaciamiento de la escuela pública, el avasallamiento de los derechos docentes y el marcado autoritarismo de las políticas ministeriales. Una clasificación incierta, con parámetros desconocidos por los docentes, con un sistema monitoreado desde el Ministerio de Educación y la supresión de las Juntas de clasificación hacen imposible el control sobre el puntaje y permite la arbitrariedad en cuanto al orden de mérito de los listados. Esta avanzada del macrismo apunta a digitar los puntajes, nombramientos y concursos. A la vez que disciplina a los trabajadores docentes, quienes se encuentran sujetos a los designios de un ejecutivo invisibilizado tras una supuesta “neutralidad informática”. El tiempo que tiene que invertir el docente en su inscripción es ahora mayor que en el sistema anterior, agravado por una informatización que falla constantemente y la inexistente atención personal que se requiere para solucionar esas problemáticas. Este maltrato disfrazado de modernización muestra a las claras el lugar que el macrismo le asigna a los docentes como simples empleados con escasos derechos: al igual que cualquier empresa privada, el Ministerio de Educación se reserva el derecho de la selección de su personal.
Paralelamente, sus políticas tienden a responsabilizar a la propia escuela y a los docentes por la llamada «calidad educativa«, adoptando pautas de racionalización y regimentación del trabajo docente y la enseñanza tomadas del management empresarial. Con la creación de la Unidad Descentralizada de Evaluación se quieren imponer sistemas de evaluación externos, estandarizados y censales que toman al personal docente como único responsable de la calidad de la educación. De esta manera, el Estado se desentiende de sus obligaciones en el sostenimiento del derecho universal a la educación y se convierte en «Estado Evaluador«, con capacidad para disciplinar a los docentes y la posibilidad de vincular resultados y rendimientos académicos al salario y la estabilidad laboral.
Mediante su estrategia de «evaluación de la calidad» el PRO busca subordinar la enseñanza a «pruebas» jurisdiccionales, nacionales e internacionales que se presentan ideológicamente como «estándares neutros», ocultando las posiciones, valoraciones y prejuicios de clase sobre las que el gobierno construye su estrategia de adiestramiento de la docencia y subordinación de la enseñanza a los intereses económicos e ideológicos que representa. La presencia y papel determinante de representantes directos de las corporaciones privadas y la Iglesia en la definición de todas las políticas educativas del PRO (curriculares, de evaluación, de capacitación docente, etc.) expresa muy bien la subordinación que se persigue, y permite entender en todo su sentido la «evaluación» macrista.
El ranking de escuelas y el boletín “tu escuela”, copias del modelo americano, hacen recaer la responsabilidad de la calidad educativa en las instituciones, el gerenciamiento de sus directivos y las capacidades de sus recursos humanos: los docentes; para esto imponen la lógica de la competencia mediante resultados “medibles” según standards exteriores a la realidad de cada institución. Promueven a la vez una nueva cultura escolar cada vez más verticalista y autoritaria, que reduce lo pedagógico al rendimiento según parámetros ideológicamente cuestionables, excluyendo los procesos de enseñanza aprendizaje y el pensamiento crítico.
La mercantilización de la educación alcanza a la capacitación docente, cedida por el Gobierno a empresas privadas, ONGs y fundaciones, mientras desjerarquiza la formación docente básica y las instituciones públicas especializadas, como los IFD y la escuela de CePA. Así, inserta al interior del sistema público los intereses y recortes ideológicos y religiosos de sus corporaciones aliadas, incluyendo para esto capacitaciones obligatorias para docentes (es el caso de la NES), cursos privados de liderazgo para directivos en las universidades de San Andrés y Católica Argentina, uso de Becas Fulbright para formar directivos, etc. con el objetivo de cooptarlos ideológicamente y garantizar su sumisión.
Las iniciativas de política educativa del PRO están ligadas a su ideología de clase autoritaria, competitiva y tecnocrática. A los docentes se les impone el rol de subordinados de un Estado patronal que requiere del vaciamiento de lo público para beneficio de los sectores privados. La resistencia docente al vaciamiento de la escuela pública y la creciente privatización de la educación ha venido frenando estos avances: la lucha del conjunto de la docencia y la sociedad para enfrentar estas políticas continúa siendo una tarea impostergable.
Susana Colli
Secretaria Asuntos Pedagógicos- Ademys
