Milei busca prohibir el derecho a huelga con la colaboración de la oposición y la anuencia de la burocracia.
Apenas un día después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, en una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se avanzó con un dictamen de un proyecto de ley que busca declarar a la educación como servicio esencial. Esta iniciativa, impulsada por el exministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro, y respaldada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el bloque de Miguel Pichetto y el bloque del gobierno, eliminaría de facto el derecho a huelga para los docentes de todo el país.
La declaración de la educación como servicio esencial, como mecanismo para prohibir el derecho a huelga, es un ataque directo a la docencia pero también a la educación en sí misma. La crisis educativa que atraviesa el país es evidente para el conjunto de la población.Sin embargo, los políticos patronales, desde Milei hasta Cristina, quieren descargar la responsabilidad sobre la docencia. Lo cierto es que, si el programa privatizador y de ajuste común a todos los gobiernos no ha avanzado aún más, es porque la docencia ha enfrentado estos embates mediante la lucha y la huelga como herramienta fundamental.
El proyecto establece la apertura de todos los establecimientos educativos de la educación obligatoria, en todos sus niveles y modalidades, durante su horario habitual de apertura y cierre, todos los días del calendario lectivo, aún cuando haya paro docente. En caso de que las medidas tengan una duración de uno o dos días se deberá garantizar un porcentaje mínimo de asistencia del 30% del personal. Mientras que a partir de los tres días continuos o discontinuos, el porcentaje mínimo de asistencia será del 50%.
Además se fija el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase, incluso si se han perdido por otros motivos ajenos a las medidas de fuerza, lo que suele ocurrir con frecuencia, dada la realidad precaria en la que se encuentran las escuelas.
Esto se enmarca en el contexto del tratamiento de la Ley Bases, fuertemente repudiada por un amplio sector de la docencia. La importante movilización docente en el marco del paro convocado por Ademys, evidenció este rechazo. Esto incluso a pesar del boicot de la burocracia, que se negó a convocar a paros y a impulsar la movilización. El accionar de las direcciones burocráticas fue vergonzoso: abandonaron la Plaza Congreso en plena sesión y dejaron al resto de los manifestantes a merced de la brutal represión desatada por Milei y Bullrich. La entrega de la burocracia fue estratégica para darle aire al gobierno reaccionario y antiobrero que, sin la complicidad de toda la oposición patronal, y su brazo sindical, no podría sostener su ofensiva.
La negativa de Ctera, y de las direcciones de sus sindicatos de base, como UTE, a desenvolver una lucha real contra el plan de guerra de Milei contra los trabajadores, la docencia y la educación pública está generando un rechazo creciente contra la burocracia. Su compromiso con los sucesivos gobiernos y su integración al estado los ha llevado a desarrollar una política de tregua con todos los gobiernos incluso con el de Milei.
Todo esto explica porque las direcciones burocráticas no organizan un plan de lucha en rechazo de la declaración de esencialidad. Es que la burocracia que no hace paro ni siquiera cuando encarcelan docentes o mueren producto de la crisis de infraestructura, ni mucho menos desenvuelve un plan de lucha contra el vaciamiento educativo, el ajuste presupuestario o el ataque al salario no ven con malos ojos la limitación del derecho a huelga. La prohibición de hecho de los paros les facilita su rol de contención de la docencia y colaboración con los gobiernos de turno.
Un plan de lucha para defender el derecho a huelga y la educación.
La realidad es que la esencialidad, lejos de darle salida a la crisis educativa y constituir una solución a sus causas, profundizará la conflictividad. Esto se debe al rechazo de la docencia y al hecho de que ni los directivos, ni los supervisores ni ningún funcionario público pueden anular el derecho a la huelga. Este derecho está garantizado por la Constitución Nacional y, por lo tanto, está por encima de cualquier ley, incluida la que se impulsa. El proyecto de ley de esencialidad docente se tratará en la Cámara de Diputados probablemente en los próximos días.
Ese día, llamamos a parar a toda la docencia a organizar y marchar masivamente en su contra a la Plaza de los dos Congresos. A Ctera le exigimos parar y movilizarse, y un plan de lucha hasta derrotar la avanzada antieducativa de Milei y los gobernadores.
