Durante la semana del 13 al 17 de agosto en 3er año de escuelas de Enseñanza Media y del 27 al 31 de agosto en 7mo grado de las escuelas de Nivel Primario, el gobierno porteño pretende realizar otro operativo de evaluación externa y estandarizada. Se trata de las pruebas censales FEPBA (Primaria) y TESBA (Media). Un nuevo intento por medir “desde fuera” del propio sistema educativo; de evaluarlo con pretensiones “técnicas” para abonar una idea que ya conocemos: la responsabilidad de la crisis educativa, o del eventual bajo rendimiento del alumnado, es responsabilidad directa de la docencia y los propios alumnos. Mientras las escuelas literalmente se derrumban, se inundan y la crisis económica golpea a docentes y familias, el gobierno despliega un nuevo operativo millonario para medir defectuosamente lo que las y los docentes evaluamos a diario: el desempeño de las y los estudiantes. Cabe señalar que en esto no hay ingenuidad de su parte. La respuesta del gobierno ya es pública: avanzar en un esquema de “premios y castigos” en base al rendimiento y al “mérito”. Como ejemplo de esto, el oficialismo intenta imponer un salario diferenciado pagando un “plus” por título, aunque con o sin él, nuestro salario se mantiene por debajo de la línea de pobreza.
A su vez, mediante este tipo de evaluaciones se avanza en la injerencia externa sobre las instituciones educativas. Las evaluaciones de este año refuerzan la idea del y la docente como ejecutor de políticas pensadas desde fuera de la escuela, imponiendo materiales de lectura o cuestionarios de práctica-entrenamiento que llegaron a nuestras aulas de manera intempestiva, y poniendo en cuestión hasta la propia selección de contenidos por parte del docente.
Las encuestas del cinismo
Además de la evaluación propiamente dicha, que se basa casi exclusivamente en ejercicios de múltiple choice que no corregirá docente alguno, sino un escáner, las pruebas vienen acompañadas por una especie de encuesta “socioambiental” denominada “cuestionario para estudiantes. Allí se realizan preguntas a alumnos y alumnas que luego se cruzan con los resultados de desempeño. A los estudiantes se los insta a completar el cuestionario ya que, se afirma allí, le permite al gobierno “conocer la opinión de los chicos y chicas”. Sin embargo, lo que menos se hace es pedir su opinión. Sí, en cambio, se les pregunta si nacieron en Argentina u otro país, si son repitentes, o acerca del nivel de estudios de sus padres.
Además, hay preguntas que merecen leerse en relación con las políticas que el propio gobierno que realiza dicha encuesta está implementando. Por ejemplo, se les consulta a las y los alumnos: “en el lugar donde vivís, ¿hay alguna computadora o notebook?”. Cabe recordar que las y los alumnos que cursan 7mo grado en la actualidad han sido excluidos sin explicación alguna más allá de la lógica del ajuste, de la renovación tecnológica para que puedan acceder a nuevos equipos. Se pregunta luego
“¿Aproximadamente, cuántos libros hay en el lugar donde vivís?”, a la par que desde hace algunos años el propio gobierno ha privado a las y los estudiantes de los libros de literatura que se entregaban para su biblioteca personal.
El cuestionario se cierra con preguntas tales como si “me da igual si me va mal en las materias” o en cambio “cuando no entiendo algo, pregunto hasta poder entender”.
La utilidad de esta herramienta, lejos de relevar los problemas reales en cuanto a carencias materiales del alumnado para resolverlos, apunta a un entrecruzamiento que perfectamente servirá para reforzar prejuicios sociales acerca de los niveles de rendimiento por sector. A su vez, nada se hará para resolver esas carencias que quedarán expuestas en una grilla: no se enviarán más computadoras, ni más libros, ni se reforzarán los equipos de orientación con trabajadoras y trabajadores sociales que asistan a los y las alumnos que viven en la pobreza extrema, pobreza que va en aumento conforme se agrava la crisis que el propio gobierno alienta.
Rechacemos esta nueva evaluación externa
Las pruebas externas vienen tratando de imponerse minando la agenda educativa. A su vez, y más allá de la insistencia de los gobiernos, existe un amplio rechazo de la comunidad educativa, que se expresa en el bajo índice de respuesta en los distintos operativos que se impulsan desde los ministerios nacionales o locales. Desde Ademys, venimos militando activamente el rechazo a estas evaluaciones desde que se intentó instalarlas. Una vez más, invitamos a docentes y estudiantes a seguir rechazándolas. Llamamos a la comunidad educativa en su conjunto a no realizar estos exámenes, cuyo conocido objetivo es desprestigiar a la escuela pública para justificar su vaciamiento.