La “esencialidad” y el derecho a huelga. Lo esencial es invisible a los ojos de Milei
El Gobierno pretende declarar la Educación Pública como “servicio esencial”. Esto no quiere decir que va a haber más inversión y presupuesto para la educación, o que van a priorizarla, ni que se estén planteando un cambio en favor de la misma. Más bien, todo lo contrario. Como sabemos, el gobierno nacional viene realizando importantes recortes en partidas presupuestarias y programas educativos, en el pago del FONID y eliminando el propio Ministerio de Educación que fue transformado en Secretaría.
Este es un reclamo de todo el arco político, incluido el gobierno macrista de CABA, con la ex ministra de educación, Soledad Acuña, a la cabeza. Los que destruyen a la educación pública quieren invertir las responsabilidades y crear una figura que prohíba reclamar por nuestros derechos más elementales.
El objetivo de declarar la esencialidad, implica básicamente coartar el derecho a huelga, obligando a lxs docentxs a “garantizar el servicio educativo” con un 75% como mínimo de asistencia y un confuso plan de recupero de días “perdidos”. De no cumplirse este porcentaje, habría sanciones para lxs docentxs que se adhieran a los paros y para los sindicatos convocantes. La intención de declarar la educación como un servicio esencial es parte de un dispositivo que pretende criminalizar un derecho y acallar a quienes reclamamos. Esto es parte de una política general del gobierno de criminalizar la protesta social, que se viene profundizando desde que asumió Milei, con la persecución a los que enfrentan el ajuste, al movimiento piquetero, a las organizaciones sindicales y la represión abierta contra toda movilización, como vimos recientemente en la aprobación de la “Ley Bases”.
Este mecanismo para amedrentar a la docencia desconoce que la educación pública no es un “servicio” sino un derecho social conquistado y que es obligación del Estado garantizar ese derecho, tanto a nivel nacional como en todas las jurisdicciones. Ante las enormes falencias del sistema educativo de las que el estado es responsable, lxs docentxs hacemos huelga reclamando que se garantice ese derecho a nuestrxs alumnxs, por edificios en condiciones (y no espacios que ponen en riesgo la vida de docentxs y alumnxs), exigiendo materiales didácticos para todas las escuelas, demandando mayores partidas para infraestructura, becas estudiantiles, alimentación universal nutritiva para todes les estudiantes, por salarios dignos (y no de pobreza, lo que nos obligan a trabajar dos y hasta tres turnos). Todo ello, tendría un verdadero impacto en las condiciones en las que desarrolla el proceso educativo y nuestra tarea docente.
Declarar la esencialidad de la educación no generará mejores condiciones de aprendizaje para les estudiantes ni mejores condiciones de trabajo para la docencia. Al contrario, lo que se busca es una educación pública cada vez más mercantilizada, como pretenden las grandes patronales y el FMI, diferentes sectores políticos, desde Bullrich y Milei, el bloque radical y diferentes expresiones del peronismo; y para eso quieren terminar con las luchas educativas.
Por ello, llamamos al conjunto de la docencia a resistir esta medida antidemocrática que atenta contra un derecho que está en la Constitución Nacional y que como ha sido reiteradamente establecido por diferentes organismos internacionales como la OIT el sector de educación no constituye un servicio público esencial.
Esencial es que los salarios alcancen para cubrir la canasta básica. Esencial es que las escuelas estén en condiciones. Esencial es que nuestrxs pibxs puedan acceder en buenas condiciones edilicias a sus clases y sin hambre. Esencial es que tengan todos los materiales didácticos, libros, recursos pedagógicos. Está debería ser la preocupación del gobierno si quiere que mejore la educación pública, no de silenciar a lxs que la defendemos, pretendiendo criminalizar y acallar nuestros reclamos.
