Un gobierno que dice invocar “el diálogo”, pero suspende las paritarias, promueve el uso de rompehuelgas o incentiva las visitas policiales a las escuelas bonaerenses en paro. Funcionarios que cuestionan a la escuela pública a la par que la vacían presupuestariamente. Legisladores que en el Día de la Memoria posan con carteles que asocian a los DD.HH. con un “negocio” y relativizan el genocidio, a la par que se muestran sorprendidos ante la proyección de un video muy similar en cuanto a la línea argumental que ellos mismos utilizan. Un operativo evaluador cuyas pruebas no prueban nada, y cuyos resultados pretenden manipularse para condenar a la docencia en plena negociación salarial. Un gobierno cuyo discurso prefabricado encuentra el límite de la propia realidad, y no ve otro camino que profundizar la mentira, por más evidente que ésta sea. Una verdadera pedagogía del cinismo.
No solo de imagen vive el hombre
El Ministerio de Educación nacional, a cargo del informático con título otorgado por la universidad privada CAECE y especializado en marketing, Esteban Bullrich, se encuentra en uno de los momentos de mayor cuestionamiento social que pueda imaginarse. La negativa a convocar a la paritaria nacional, acompañada de una serie de políticas de ajuste que se proyectan desde esa cartera en términos estructurales, trajo aparejada una verdadera rebelión de la docencia que excede ampliamente los justos y urgentes reclamos salariales o cualquier demanda meramente corporativa. Las jornadas de paro nacional docente se encaminan a sumar casi una decena, y la cantidad de personas movilizadas en todo el país en protestas educativas es de cientos de miles. La pelea en curso pone en cuestión los magros salarios y deja en evidencia la quiebra presupuestaria de un sistema educativo fragmentado, desregulado y descentralizado, con un ministerio sin escuelas que paga solo una parte ínfima de los salarios docentes. Pero a su vez, y pese a la falta de un pronunciamiento favorable de CTERA en este punto, en muchos casos logra ponerse en debate el carácter público de la educación y la necesidad de su re-nacionalización en tanto sistema. La pelea por la renacionalización del sistema educativo implica un debate que este gobierno pretenderá sepultar, pero que sus predecesores tampoco quisieron abordar.
A las políticas de ajuste salarial, con un techo del 18-20%, que cuenta con el aval de los diversos gobernadores de todo el país, se le pretende añadir a mediano plazo la discusión sobre convenios colectivos de trabajo. En nuestro caso, eliminar derechos laborales que los y las trabajadoras de la educación tenemos en los estatutos docentes. De ahí el carácter fundamental de estas peleas en curso.
Mucho de todo esto se intenta ocultar por parte los funcionarios y los multimedios aliados. El repertorio de frases hechas, el guion pre-moldeado por los asesores de imagen, los datos falaces sobre las supuestas licencias médicas docentes, tratan de desplazar el eje de discusión, y de suplantar en el debate el verdadero carácter de las políticas de ajuste, precarización y vaciamiento educativos actuales. Sin embargo, millares de docentes, alumnos y padres en las calles ponen el eje en su lugar. La fraseología empresarial y la estrategia comunicacional encuentran sus límites en el creciente descontento social y la muy arraigada socialmente defensa de la escuela pública. Mientras el autodenominado “gerente de Recursos Humanos” Esteban Bullrich despliega sus furcios sobre Ana Frank o la Conquista del Desierto, se instala un malestar creciente que empieza a señalar como necesaria su renuncia.
“Los funcionarios somos derechos y humanos”
La foto de los diputados macristas sosteniendo un cartel que reza “Nunca Más al negocio con los derechos humanos” durante el Día de la Memoria generó estupor entre propios y extraños. La parodia se confunde con la realidad. Desde el propio arco liberal cercano al gobierno se elevaron voces que hablaron de lo desafortunado de la operación mediática. Una provocación, se mire desde dónde se mire. ¿En qué directivas no dichas -por ser inconfesables- se traduce ese mensaje emitido desde el poder? ¿Qué efecto tiene sobre la agenda pública, más allá del evidente escándalo, una fotografía que relativiza el genocidio? ¿Cuál sobre las fuerzas represivas, proclives a “meter bala” en las barriadas? ¿Qué simbología guaranga se desprende de un cartel con semejante leyenda, en semejante día, sostenido por semejantes personajes, como por ejemplo el joven diputado Nicolás Massot, sobrino del empresario y periodista Vicente Massot de “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca? Massot tío, procesado por delitos de lesa humanidad; Massot sobrino, diputado propagandista del olvido y la negación. Pese a esto, y por efecto del cinismo, los propios funcionarios oficialistas que oscilan entre la remozada Teoría de los dos Demonios y la de un solo demonio –que, lógicamente, sería la guerrilla y la izquierda- se muestran curiosamente sorprendidos cuando una docente en una escuela porteña proyecta públicamente un video apologético de la dictadura militar en el cual se llama “héroes” a los genocidas.
No cabe la sorpresa ni el estupor, aunque sí poner a prueba la ya inflamada capacidad de indignación. Mientras el escándalo de esa imagen que relativiza el genocidio criollo ocupa las páginas de varios diarios, incluso de algunos aliados al gobierno, el Ministro de Educación comete un nuevo blooper y en una gira por Holanda, en la casa museo de Ana Frank, señala que el nazismo fue “una dirigencia que no fue capaz de unir” y como toda explicación acerca de sus crímenes señala apenas que fue “intolerante”. Demasiadas coincidencias para tratarse de meras equivocaciones. Esteban Bullrich, quien fuera sucesor en la cartera educativa porteña del ultramontano exfuncionario de la dictadura Abel Posse, no parece ser una voz disonante entre el griterío de la derecha liberal.
Baste señalar una cosa. Mientras el cinismo campea, estas frases son pronunciadas en espacios privados, cuando no fuertemente custodiados. La contracara de estos discursos que pretenden lavarle la cara a los verdugos son las masivas movilizaciones callejeras que alcanzan niveles altísimos, como fue el caso del último 24 de marzo.
Una prueba que no prueba nada
El operativo “Aprender 2016” trató de implementar una evaluación compulsiva, censal, externa y estandarizada. Trató: de una muestra inicial de 1.400.000 alumnos en todo el país, el propio Ministerio de Educación reconoce haber logrado que solamente 850.000 respondieran completando al menos el 50% de los formularios. En términos de establecimientos educativos, las cifras indican que de las escuelas públicas, en más de 2.400 (1 de cada 6) no hubo ni un solo alumno que completara los cuestionarios (ver http://www.infobae.com/tendencias/2017/03/22/aprender-2016-los-principales-hallazgos-que-dejo-el-primer-informe-de-resultados/ ). Los números del rechazo en CABA se acrecientan: según la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, en primaria, sólo un 58% en promedio completó la evaluación. Pero en el sector público, esa cifra desciende apenas al 37,4%. Eso implica que en el estado, dos de cada tres estudiantes no participaron en la evaluación. El operativo fue rechazado de manera contundente y conciente por los alumnos, las familias y los docentes. Su carácter estandarizado fue cuestionado por sindicatos, en particular por Ademys, pero también por especialistas de currícula y pedagogos.
La aplicación de evaluaciones externas como la que entraña este dispositivo ha sido la punta de lanza para arremeter contra el sistema público de enseñanza en México, Chile o Colombia, entre otros países de la región. Este tipo de evaluaciones no han hecho más que degradar las currículas, desplazando la enseñanza de contenidos de materias diversas hacia una reducida y precaria selección de temas y procedimientos que la propia evaluación jerarquiza. Pero si de precariedad se habla, son los derechos laborales los que buscan ser llevados al basurero: las evaluaciones externas tratan de instalar la meritocracia salarial, los premios y castigos según un cuestionable examen de multiple choice, que intenta responsabilizar a la docencia (y no a los funcionarios) de una crisis estructural que no se resuelve con parches ni recetas focalizadas.
El fracaso estrepitoso de esta prueba, cuyo alto índice de no respuesta pone en tela de juicio que se la llame “censal”, contrasta con la altisonante y admonitoria recriminación por los “malos resultados” que el Presidente Macri y su ministro realizaran, nada casualmente, en medio del empantanamiento de la negociación salarial con los docentes. La prueba tampoco prueba nada en ese terreno: no solo la muestra seleccionada no es censal y se halla contaminada, sino que las comparaciones que establece son de un grado de generalidad que espanta. Se dice que en el nivel primario, la enseñanza privada obtuvo menos de la mitad de resultados negativos en Lengua (16,7%) que la escuela pública (39%). Para enmarcar esas cifras nada sorprendentes en una sociedad tan desigual como la argentina, la muestra trata de dotar de un contexto socioeconómico a la medición, aunque de forma muy parcial.
Teniendo en cuenta que el 48% de los menores de 14 años en Argentina son pobres – 35% de los niños pasan hambre directamente-, y que la inmensa mayoría de ellos concurre a la escuela pública (elementos omitidos por “Aprender 2016”), cualquier cruce de variables resultará incompleto. Se trata de dos sistemas y dos lógicas opuestas: la escuela estatal no selecciona matrícula y absorbe de lleno los efectos de la crisis social; la escuela privada, incluso la que cobra aranceles bajos, hace exactamente lo contrario. Pero si todas las perturbaciones anteriores fueran pocas para realizar una medición confiable, cabe señalar un problema mucho más amplio y general: quienes realizan estos estudios, no son científicos que observan fríamente una muestra en un portaobjetos, sino que son los mismos funcionarios que han vaciado de fondos y de contenidos la escuela pública. Son los reyes del incremento de los subsidios a la enseñanza privada y la subejecución del presupuesto público; son los que desvían los fondos que deberían usarse para construir escuelas y jardines de infantes; son los que han cerrado postítulos de formación docente; son quienes recortan las becas y el dinero para comedores escolares; son los gerentes de la miseria.
Ante la mentira evidente pero reiterada y sistemática con la que el poder pretende hacer escuela, los trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos que redoblar los esfuerzos para mantenernos movilizados. Nuestra verdad se manifiesta en las calles, y será la que pueda poner freno a una política basada en el cinismo.
31-03-17 – Mariano Garrido
Secretaría de Asuntos Pedagógicos-ADEMYS
