El gobierno presentó un proyecto de reforma laboral encubierta que consagra la miseria salarial, sigue desplazando a las conducciones escolares del rol pedagógico y no atiende a las necesidades de las escuelas. Un proyecto que promueve la competencia entre pares desde una lógica meritocrática a la medida de los requerimientos de los organismos internacionales, sin resolver los problemas reales de la educación.
Luego de varios años sin concurrir a la legislatura a dar explicaciones sobre los extendidos problemas educativos, la ministra de Educación, Soledad Acuña, presentó el proyecto de Ley N° 298, de reforma del estatuto docente, el cual introduce una diferenciación salarial entre docentes, en base a la creación de nuevos cargos que serían de “ascenso horizontal” junto a una serie de cambios en la formación previa para acceder a dicho cargos, ponderando esa formación por encima de la antigüedad, legalizando las designaciones a dedo.
La propaganda gubernamental se esfuerza en ocultar la realidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y las condiciones de trabajo de la docencia, que hace años soporta un desfinanciamiento educativo, una miseria social creciente que impacta en las condiciones materiales y simbólicas, que complejizan y dificultan la tarea de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos académicos. Esta situación es responsabilidad de los gobiernos que ajustan los presupuestos y aplican reformas regresivas (NES, Secundaria del Futuro, resolución de primaria 172/12, Unicaba) cuyo marco normativo se apoya en las Leyes nacionales de Educación y en los acuerdos del Consejo Federal de Educación firmados por gobiernos de diferentes signos políticos.
Como recurso para hacer pasar la reforma el gobierno colocó en el artículo n° 29 del proyecto la titularización docente del nivel medio con fecha de corte el 31 de marzo del 2020. Este criterio de corte fue acordado el año pasado entre algunos sindicatos y el gobierno en un acta a espaldas de la docencia y que fue repudiada en marchas docentes. Además, excluyen de la titularización a todos los otros niveles y programas que venían reclamándola.
Exceden los propósitos de este primer análisis citar los 28 artículos que se reforman, pero es importante abrir el debate entre la docencia, quienes nuevamente no fuimos consultados, para clarificar el carácter regresivo de esta reforma y debatir cómo nos organizamos.
En primer lugar, no obedece a cambios que la docencia viene exigiendo y que la pandemia puso de manifiesto, como son las parejas pedagógicas, la reformulación de la jornada laboral (cuatro horas diarias de trabajo en aulas, un salario que cubra el costo de vida por un cargo, capacitaciones en servicio), los cargos ESI, entre otros reclamos. Por el contrario, crea cargos como Maestrx especialista, Maestrx coordinadorx de Trayectorias Escolares, Preceptor tutxr, por mencionar algunos, sin especificar claramente cuáles serán sus funciones, los destinos de los mismos, si es o no con relevo de tareas. Tampoco establece la cantidad de cargos que se crearán, ni el mecanismo por el cual serán asignados esos cargos. Algunos de estos lineamientos fueron enviados en un mail de la Ministra Acuña a la docencia, pero con un carácter totalmente informal, dado que no figuran en el articulado de la ley.
Los supuestos trayectos formativos obligatorios para acceder a los cargos tampoco están contenidos en el proyecto de Ley. Esto desde el punto de vista pedagógico y académico es muy relevante, porque las reformas que se vienen desarrollando son para adaptar el rol docente como acompañante, como poseedor de “habilidades blandas”, es decir, con escaso valor formativo y de carácter precarizante, en línea con las reformas que impulsan los organismos de crédito internacional en toda la región. No es casual que en el proyecto de Ley se invoque la experiencia de Chile, donde existe un sistema educativo fuertemente privatizado y con alta flexibilización docente. Esto revela la orientación política de fondo que persigue el proyecto. Según enuncia Acuña en su mail, para acceder a esos cargos se deberán acreditar cursos de capacitación….¿en la Unicaba? ¿En sus sindicatos amigos vendedores de cursos?
¿Hay una reforma laboral encubierta?
Cuando la ministra expuso en la Legislatura fue muy clara en cuanto a sus propósitos más estratégicos, enfatizando la cuestión del salario por capacitación o “mérito” para acceder a nuevos cargos. Esto básicamente constituye una diferenciación salarial al interior del cuerpo docente partiendo de salarios de pobreza. Los cargos que se crearían percibirían un magro porcentaje sobre el de maestra secretaria. Teniendo en cuenta nuestro salario devaluado, ¿quién puede creer que algunos escasos pesos más puedan resolver el problema de la enseñanza o sean una salida a la extensa jornada laboral que lxs docentes estamos obligados a realizar en dos o tres cargos para llegar a fin de mes y que termina impactando en la salud de lxs trabajadores y en la educación? Claramente, esta diferenciación salarial para quienes accedan a estos nuevos “cargos de ascenso horizontal”, serán el “premio” a modo de “empleadx del mes”, pero sin la capacidad real de incidir en la solución de los problemas educativos. ¿Podrá un “preceptor-tutor” o un “maestrx especialista” asignado a un distrito atender a la multiplicidad de dificultades de estudiantes que cursan hacinados en edificios escolares que se caen a pedazos para lograr evitar la deserción escolar? ¿Se pretende que además desarrollen esa titánica tarea por un plus de 10 mil pesos? ¿Implica en el caso de lxs preceptorxs-tutores la eliminación de los cargos de tutoría? No queda claro.
Como es obvio, la creación de estos cargos no resuelve ni de lejos los problemas educativos. La cuestión del aumento del salario y la jornada laboral por un cargo, para tener tiempo de planificación, corrección, formación académica ligada a la enseñanza y campo de interés, debe ser un reclamo fundamental de la toda la docencia y una política a implementar si lo que se pretende es realmente mejorar las condiciones de trabajo docente, y por ende, de estudio y aprendizaje.
Por otra parte, el ángulo del gobierno es que la antigüedad no debe ser el factor que determine la mejora del salario o el ascenso. Sin embargo, esto es falso. En primer lugar, porque hoy por hoy no hay tal reconocimiento salarial. El propio gobierno incumple lo que establece el Estatuto docente y ha achatado la escala salarial. El docente que tiene 10 años de antigüedad cobra lo mismo que el que recién se inicia. Y aquel que tiene el máximo de antigüedad cobra apenas un 20% más que el inicial cuando el estatuto fija que debiera ser un 120% más. Pero además el gobierno menosprecia la experiencia desarrollada en el sistema que los equipos de conducción pueden llegar a tener, y el proceso de formación y evaluación que actualmente un docente debe atravesar para ascender.
El gobierno le reserva a las conducciones una carrera diferenciada, cada vez más abocada a las tareas administrativas vinculada a lo gerencial, tal como se puede ver en las carreras que son promocionadas en la Unicaba, mientras vacía y precariza a lxs profesionales de la Escuela de Maestrxs.
Al otro día de la exposición de la ministra la editorial del diario La Nación elogiaba los cambios de la reforma, escondida en una falsa jerarquización docente, apoyando la reforma de los convenios de trabajo, la reforma laboral en los diferentes gremios, en línea con lo que se impulsa en la Argentina siguiendo la hoja de ruta del pacto con el FMI.
¿Y las titularizaciones?
La ministra no sólo no respondió sobre cuántos docentes se van a quedar afuera sino el motivo por el cual introducen este tema en este proyecto. Están excluidos del proyecto lxs docentes de nivel Superior, socioeducativa, EOE, entre otros. En este punto, es importante reclamar que se titularice sin condicionamientos a todxs lxs docentes dado que es el gobierno quien incumple lo establecido en el Estatuto de los concursos anuales, derivado de la eliminación de las juntas de clasificación y disciplina y la constitución de la Coreap.
Por todas estas consideraciones este proyecto de reforma de Estatuto no viene a jerarquizar ninguna profesión docente, tampoco a solucionar los graves problemas educativos que la docencia demanda, es la puerta de entrada a cambios regresivos desde el punto de vista de los derechos laborales y por lo tanto llamamos a organizarnos para rechazarlo en las escuelas.
Reclamamos como medidas urgentes: aumento del presupuesto educativo, creación de escuelas, titularización docente para todxs, creación de cargos EOE, parejas pedagógicas para acompañar las trayectorias educativas, cargos ESI, salario igual a la canasta familiar por un cargo, basta de precarización laboral.
