Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias

El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia, aun cuando los casos diarios no ceden. Todas las recomendaciones internacionales y nacionales de organismos de la Salud, como la citada Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan que con el actual nivel de casos y circulación comunitaria del virus Covid 19, resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas, que involucraría en la Ciudad el movimiento de 1 millón 200 mil personas. Esto generará, como lo demostraron todas las experiencias internacionales, que -en un corto plazo- el incremento brutal de los contagios derive en un cierre de las escuelas y a que deban tomarse medidas más restrictivas para el conjunto de la población generando el efecto contrario al que una parte de la comunidad reclama. Así lo han admitido las autoridades, van a un esquema de aperturas y cierres bruscos. En el medio, miles de contagios y muertes que podrían evitarse.

Lxs docentes somos quienes desde un primer momento hemos planteado que nada reemplaza la presencialidad. El proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje que realizamos presencialmente en las escuelas, no puede ser sustituido por la virtualidad. Tampoco la socialización, el juego, todo lo que desarrollamos en la escuela. Claro que queremos volver a las escuelas, pero en un contexto en el que esto no signifique poner en juego nuestra salud, la de lxs estudiantes y familias de la comunidad educativa.

Claramente, las presiones empresariales son las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos. La política de reapertura sin restricciones expone a todxs lxs trabajadores, presionándolos al reintegro a los lugares de trabajo. Las patronales y empresarios apuntan a aumentar la productividad de los trabajadores, ahorrarse las licencias y dispensas, en un cuadro de crisis económica inédita que es descargado con rebajas salariales, inflación y tarifazos sobre las espaldas del conjunto de los trabajadores.  Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de «cuidado» de menores.

Esto es evidente dado que los gobiernos que promueven esta política, lejos de tener como prioridad la educación han ajustado a la baja el presupuesto educativo a niveles históricos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha recortado el presupuesto educativo, en rubros claves como infraestructura y tecnología educativa- recientemente se recortó en 371 millones el presupuesto del Plan Sarmiento, por poner solo un ejemplo.

¿Qué han hecho durante estos meses los gobiernos para preparar una eventual presencialidad escolar cuando estén dadas las condiciones? El gobierno de Larreta y la ministra Acuña encabezan una campaña de desprestigio al gremio docente, cuando fuimos junto a las familias y estudiantes los que sostuvimos el acompañamiento pedagógico durante todo el 2020 casi sin recursos. Su propósito es omitir su propia responsabilidad en el sostenimiento educativo y regimentar a la docencia que denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran la educación y las escuelas. Venimos de un año en el que no se han garantizado los recursos para un marco de virtualidad, que no remplaza la presencialidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje como siempre hemos planteado, miles de estudiantes se han quedado sin el acompañamiento e incluso se les recortó la alimentación escolar. El protocolo, improvisado y de ajuste, descarga sobre los equipos directivos, docentes y auxiliares toda la responsabilidad, que deberán adaptar el inviable marco de supuestas clases cuando no se construyó ni un aula, no está garantizado el espacio para el distanciamiento social, ni la adecuada ventilación, ni los cargos docentes y no docentes necesarios para encarar la tarea educativa en un marco de emergencia, entre otras cuestiones.

Además, avanzan contra el derecho a las dispensas de cuidado para trabajadoras a cargo de menores de 14 años, convivientes con personas de riesgo y mayores de 60 años, amparándose en las resoluciones nacionales del Ministerio de Trabajo que tampoco se respetan en otros sectores de trabajadores, como el subte, lo cual motivó incluso medidas de fuerza.

Tampoco hay un calendario de vacunación, para establecer prioridades comenzando por las personas de riesgo.

Finalmente, no se ha planteado la actualización salarial, cuando venimos de perder al menos un 10% el año pasado, mientras los precios siguen en aumento.

Ademys plantea organizar las escuelas, a partir de pronunciamientos por escuelas, promoviendo la deliberación en asambleas para impulsar acciones si el gobierno no escucha las preocupaciones y demandas de toda la comunidad educativa. Convocamos a todos los sindicatos, colectivos en defensa de la educación pública como el colectivo de Familias por un Retorno Seguro, centros de estudiantes y organizaciones de la comunidad educativa, a ponernos de pie, y coordinar en instancias democráticas, frente a esta avanzada que nos expone a todxs, en nuestra salud:

10 Condiciones para un retorno seguro:

1. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO APTO: Las actividades de escolaridad masiva deben guiarse por un índice epidemiológico que indique con datos objetivos de los números para determinar el riesgo de aperturas:Índice Center for Disease Control, por ejemplo, que analiza los nuevos contagios de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (Fuente: ASP). Indica que, si este coeficiente da por encima de 200, el semáforo es «rojo», indicando riesgo máximo para mantener escuelas abiertas. En CABA este índice actualmente está por encima de 400.

2. Plan de VACUNACIÓN respetando los tiempos de inmunización

• Partidas presupuestarias extraordinaria (que puede salir, por ejemplo de la quita de subsidios a las escuelas privadas y el no pago de la deuda externa, entre otros) para:

3. TRANSPORTE ESCOLAR: Una red de transporte escolar gratuita para estudiantes, docentes y auxiliares, bajo normas y protocolo de la actividad.

4. COMITÉS DE BIOSEGURIDAD: Condiciones de bioseguridad dentro de los establecimientos educativos bajo control de la comunidad, en el marco de una lucha común de todas las escuelas para imponer las condiciones en todos los distritos y establecimientos. Insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar bajo convenio. Distribución gratuita de alcohol en gel, barbijos y todo elemento de protección e higiene personal para estudiantes, docentes y no docentes. Testeos y seguimientos en las escuelas.

5. INFRAESTRUCTURA: Atención y arreglos de infraestructura escolar. Culminación de obras y refacción de escuelas. Mobiliario escolar adecuado. Plan de construcción de escuelas. ADECUACIÓN DE LAS AULAS: Cumplimiento de distanciamiento en las aulas y en todos los espacios de permanencia de estudiantes. Construcción de aulas y/o utilización de espacios ociosos con fines educativos. Ventilación de aulas e instalación de detectores de dióxido de carbono.

6. BURBUJAS: Esquema de trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación.  Que se contemple un plan de clases virtuales que garanticen los aprendizajes de manera remota, creando cargos docentes de emergencia para parejas pedagógicas que garanticen clases si hay modalidad mixta virtual y presencial.

7. AMPLIACIÓN DE PERSONAL: Nombramiento de cargos docentes para el trabajo en los grupos reducidos. Nombramiento de profesionales para el acompañamiento de las trayectorias escolares y seguimiento académico de estudiantes del ciclo 2020/21.

8. CONDICIONES LABORALES:RESPETO DEL ESTATUTO, DISPENSAS Y LICENCIAS:

Plena vigencia del estatuto docente, licencias, dispensas (por razones de salud y cuidado de menores a cargo y de personas de riesgo).

Aumento salarial de emergencia del 50%, en el camino a la recomposición salarial, acorde a costo de la canasta familiar. Por un inicial de $55.000 para todas las escalas y cargos. Cláusula de actualización automática. Todas las sumas al básico. Actualización del salario familiar. No al impuesto a las ganancias sobre salarios. 

Incorporación al estatuto de trabajadores de la educación de Escuela de Verano, Jornada Extendida, Plan FinEs y todas las formas de precarización docente.