La evaluación externa que el gobierno utiliza en contra de la docencia

Al igual que en 2016, el macrismo emplea los resultados de las evaluaciones “Aprender” en plena negociación salarial y con el fin de desacreditar los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Una primera lectura de sus resultados pone en evidencia la baja tasa de respuesta, que muestra que los operativos de evaluación siguen siendo resistidos, y que de censales tienen muy poco.

Las evaluaciones externas y estandarizadas suelen ser el fetiche de los tecnócratas, amantes de las mediciones y promotores de reformas neoliberales en educación. Las pruebas, que son promovidas por organismos como la OCDE, vienen de la mano de “recomendaciones” que incentivan la participación de empresas en educación, o la reducción de los regímenes de licencias docentes y el aumento de su edad jubilatoria. En términos de contenidos, se promueve el control de la currícula desde fuera del sistema educativo, mediante la jerarquización de conceptos o “habilidades” y “capacidades” que se evalúan, formen o no parte de los contenidos pautados por las autoridades educativas estatales. Cabe señalar que este tipo de evaluaciones son rechazadas no solo en términos gremiales por trabajadores y estudiantes, sino que son cuestionadas también en términos académicos por su nivel de estandarización, o por el mecanismo de “múltiple choice” en el cual se basan, entre otros argumentos.  En el caso de Aprender 2017, las pruebas involucraron a la totalidad de los alumnos y alumnas de 6º grado de Primaria y 5º o 6º año de Media. O, al menos, eso intentaron.

Una evaluación que no fue censal, rechazada por docentes y estudiantes

Pese a la apabullante campaña publicitaria, o la intimidación a docentes y estudiantes, mediante las cuales se insistió en el carácter obligatorio de esta prueba, un primer análisis de los resultados publicados permite ver que altas porciones de alumnos y docentes rechazaron el Aprender 2017. En Secundaria, la participación promedio en 2017 fue apenas superior a seis alumnos por cada diez, e inferior a la del año precedente (2016). “La participación alcanzada es baja para los estándares que exigen las pruebas censales, con un 66,5% de participación, una disminución de 5,6% respecto de 2016” (ver La Nación, 21-03-2018). En el mismo artículo, la funcionaria a cargo del Instituto Evaluador nacional, Elena Duro, señala: “Hay provincias que tuvieron menos de 50% de respuesta por problemas gremiales el día de la implementación”. Lo que la Secretaria de Evaluación de la Nación menciona como “problemas gremiales” no es otra cosa que la respuesta activa de vastos sectores de la docencia organizada que rechazamos las evaluaciones externas que promueve la OCDE y otros organismos internacionales.

En Primaria, en términos nacionales, uno de cuada cuatro alumnos no realizó la evaluación. Si analizamos los porcentajes en las escuelas públicas primarias de provincias como Neuquén, Santa Cruz o Santa Fe, se puede observar que más de la mitad de los alumnos y alumnas no realizaron las pruebas Aprender. En cuanto a la tasa de asistencia y/o respuesta en escuelas Medias públicas, a las provincias antes mencionadas se añaden Pcia. de Buenos Aires (tasa de asistencia o respuesta del 46,5% en escuelas públicas) y Río Negro (45,6%, respectivamente). En nuestra jurisdicción, CABA, donde Ademys encabezó el rechazo a las pruebas estandarizadas, la tasa de asistencia/respuesta es apenas superior al 50% en escuelas públicas de Educación Media (53%) y de un 61,8% en Primaria del mismo sector.

En ninguno de estos casos, la muestra alcanzada resulta satisfactoria para el Ministerio de educación, ni para los parámetros internacionales que requieren una muestra mucho más amplia. La resistencia de los docentes, familias y estudiantes a estos operativos, sigue siendo masiva y contundente.

Forma y contenido

La estandarización de contenidos que promueven las evaluaciones externas colisiona con el enfoque promovido en numerosos documentos curriculares. Mientras en los últimos se considera a la evaluación como un proceso que debe integrar distintas dimensiones y momentos del conocimiento, en las primeras se aplica un formulario con opciones de respuestas cerradas que son corregidas casi íntegramente por máquinas que escanean dichas planillas. Pero esta mecanización no constituye el único desajuste. Por mencionar solo un ejemplo, en el caso de 6º grado, en Aprender 2017 se evaluaron contenidos como “reconocer hechos y datos” referidos a la Ley Sáenz Peña, que en el Diseño Curricular de CABA figuran (y solo en términos opcionales en tanto tema) ligados a la currícula de 7º grado. La evaluación estandarizada, cuenta con numerosos cuestionamientos en el plano pedagógico (ver por ejemplo Becerra, https://fuelapluma.com/2016/10/18/dos-criticas-al-operativo-aprender-2016/ , Marrone, Feldfeber o De Luca, en el plano local). A su vez, es notoria la vinculación entre estas mediciones y la promoción de políticas de ajuste y reformas estructurales de los sistemas educativos promovidos en países de la región como Chile, México o Colombia. En el caso de Argentina, y en sintonía con los países mencionados, se trata de establecer una relación causal y unidireccional entre los bajos resultados adjudicados al alumnado y el desempeño docente. Sin embargo, cuando en los resultados de las pruebas recientemente publicados se observa una leve mejora en el área de Lengua, el gobierno lo adjudica a una política de su gestión. En palabras del ministro Finocchiaro, los mejores resultados son producto de “la fuerte capacitación que el INFOD ha venido haciendo en estos dos años en formación situada y en formación virtual con los docentes”. Mientras desde el Ministerio de Educación se condena a la miseria salarial a la docencia y se cierran cursos; mientras se ataca la formación docente intentando disolver los institutos de formación públicos, y mercantilizando cada día más la capacitación, el gobierno se atribuye logros en la materia.

Desde Ademys seguimos rechazando estos ataques a la escuela pública, a la par que señalamos la intencionalidad de estas evaluaciones como punta de lanza para promover reformas autoritarias y privatizadoras.

Mariano Garrido, Secretario de Asuntos Pedagógicos – ADEMYS