Los trabajadores estatales porteños conocemos las políticas que desarrolló el PRO desde su gestión, y que ahora se proyectan a nivel nacional. Las hemos padecido: la creación de “gerencias operativas”, la proliferación de funcionarios con un enorme desconocimiento en la materia que deberían supervisar y a la vez una formación empresarial y perfil tecnocrático, la creación de un Ministerio de Modernización, cuya finalidad es la persecución a los delegados que no se encolumnan con la gestión e incrementar el recorte público. También hemos visto el manejo arbitrario de contratos, que dejan sin empleo a trabajadores precarios y, en paralelo, apuntalan los negociados, como en el caso Niembro; hemos sufrido y enfrentado la persecución e intentos de disciplinamiento, como con las docentes Elsa y Alejandra, entre otras medidas. Las políticas públicas del PRO a nivel nacional y provincial estrenan el 2016 con despidos y cesantías de a miles.
Es imprescindible señalar que los actuales despidos y desvinculaciones se asientan sobre una base de precarización y contratos basura que durante 12 años fue desplegada por el gobierno kircnerista, que sustentó buena parte del crecimiento del empleo con contratos temporarios o haciendo facturar como monotributistas a miles de trabajadores.
En esta primera semana de 2016, muchos empleados contratados y otros que habían logrado el
ingreso a planta, tanto en organismos nacionales como municipales, ven interrumpida su fuente laboral de manera intempestiva y arbitraria. Muchos se enteraron de la baja en su contrato, incluso, por medio de la prensa. Con el pretexto de “despedir a los ñoquis” del estado, el macrismo lanza una caza de brujas para recontratar masivamente a miles de trabajadores y deshacerse de aquellos que eventualmente pudieran intentar pelear por sus derechos elementales. La modalidad de la gestión es la no renovación de contratos o el despido, y solo posteriormente, “evaluar” las tareas que el trabajador venía desarrollando para determinar su continuidad o no. En un hecho sumamente repudiable, mediante entrevistas que indagan acerca de su filiación ideológico partidaria, las nuevas gestiones de gobierno macristas tratan de deshacerse de empleados que no manifiesten adhesión a las nuevas autoridades.
Algunas de las áreas donde se producen despidos son organismos nacionales como la AFSCA (al menos un centenar de trabajadores, pero se desconoce el destino del resto, que suman unos 1200 a nivel nacional), el Centro Cultural Néstor Kirchner (cerca de 500 despidos), Senado de la Nación (cerca de 2000 despidos), Ministerio de Trabajo (cerca de 40). En los municipios el panorama no es diferente. En La Plata se denuncian 4.500 despidos, y los trabajadores ocuparon parte de las oficinas públicas de la intendencia en protesta. En Quilmes los despidos sumarían un millar, lo que lejos de limitarse a una depuración de los “contratos políticos”, incluye a trabajadores de áreas sensibles como Desarrollo Social y Niñez; allí también los empleados realizaron reclamos callejeros. Los despidos también se dan en Lanús (unos 300) y Malvinas Argentinas (900), Hurlingam, esta última intendencia del FpV (300).
Cabe señalar que esta política de despidos masivos puede darse no sólo por la impunidad gerencial del PRO y su ejército de CEO´s, sino también por la connivencia de muchos sindicalistas cómplices, pero fundamentalmente por años de precarización laboral, pasantías y contratos basura compartidos con las gestiones salientes a nivel municipal y nacional. A su vez, las políticas de despidos no se limitan al área metropolitana ni al PRO, ya que análoga situación viven los empleados públicos en Mendoza (gobernada por el radical Cornejo) y en Santa Cruz (gobernada por Alicia Kirchner), por ejemplo, donde los despidos también se cuentan de a centenares.
A la par que a los empresarios de la soja y a los pulpos del agro y la industria se les regala la quita de aranceles e impuestos, los despidos masivos vienen como contraparte para que “cierren los números” y para tratar de disciplinar a los trabajadores. Los despidos en Cresta Roja, el paro que vienen de protagonizar los trabajadores del subte ante la negativa de un bono por parte de Metrovías, la pelea que están llevando adelante el SIPREBA y los trabajadores de prensa del Grupo 23 en defensa de su salario y por sus puestos de trabajo dan muestra de que patronales, ya sean estatales o privadas, tienen un plan: que los trabajadores paguemos la crisis.
Mientras en CABA seguimos exigiendo la apertura de la mesa de condiciones laborales y salariales y reclamamos un aumento de emergencia, la inmediata recomposición salarial, un plan de obras para construir escuelas y la realización de los concursos de ingreso, denunciamos las políticas de achicamiento público que empiezan a desplegarse en este 2016 con mayor intensidad. Estos ataques merecen la mayor unidad posible entre los trabajadores para frenar el ajuste. La necesidad de medidas concretas de acción por parte de las centrales sindicales no puede ni debe demorarse. Los laburantes no podemos seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos.