El martes 18 y miércoles 19 de octubre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación implementó el Operativo de Evaluación Nacional Aprender 2016, pensado a espaldas de las escuelas y sindicatos y con objetivos externos a las necesidades de las escuelas públicas y a la comunidad educativa.
Este tipo de evaluaciones estandarizadas, externas, censales y descontextualizadas efectivamente se venían realizando en nuestro país –como lo ocurriera con las pruebas ONE- y están contempladas en la Ley de Educación Nacional del 2006. Por ello, desde Ademys, llevamos varios años explicando por qué nos oponemos a las mismas y cuáles han sido las consecuencias de su aplicación en los países en los que se implementan.Sin embargo, en el marco de la profunda reforma educativa estructural que se viene impulsando en toda América Latina sin duda este operativo constituía una avanzada profunda en la puesta en marcha de un proyecto de Educación que va a contrapelo de la educación pública que defendemos. Un proyecto educativo privatista, que busca cercenar los derechos laborales docentes y responsabilizar y penalizar a los trabajadores de la educación del estado de las escuelas, estableciendo salarios por mérito, rankings de escuelas, sistemas de premios y castigos, entre otras medidas en las que tanto el oficialismo como la oposición de los distintos partidos que gobiernan en todo el país tienen un acuerdo político estructural, siguiendo –como desde hace años- los lineamientos de los organismos internacionales, principalmente la OCDE, la Unesco, el Banco Mundial, etc. Por ello, el Operativo Aprender 2016 contaba con el apoyo de todos los Ministros de Educación provinciales que aprobaron su implementación en el CFE.
Pero la docencia y la comunidad educativa de todo el país no se quedó de brazos cruzados frente a esta ofensiva contra la escuela pública.
Durante las semanas previas, la discusión sobre el carácter externo y estandarizado de estas evaluaciones fue instalándose en forma creciente. El rechazo comenzó a generalizarse desde los distintos actores de la comunidad educativa y devino en distintas formas de organización de docentes, estudiantes y familias.
Rechazo que no fue cuestión de un día, sino de largos intercambios, discusiones y espacios de organización que fuimos encontrando desde la comunidad educativa para informarnos y pensar colectivamente sobre los problemas que implican la implementación de este tipo de dispositivos evaluativos. Además, debatimos acerca de las formas de evaluación que nosotros desarrollamos permanentemente en cada una de las escuelas, teniendo en cuenta su contexto y enmarcándolo en un proceso pedagógico que aspira a la formación de sujetos críticos y pensantes. Así, ya un mes antes comenzaron las primeras Asambleas por Escuelas donde los compañeros y compañeras empezamos a organizarnos frente a la necesidad de manifestar nuestra oposición a la realización de este Operativo, volvieron a surgir también las Asambleas Distritales, con una importante participación de docentes de Primaria y de Media y de allí surgieron las notas a las Direcciones que expresaron nuestra negativa a actuar como veedores o aplicadores. La organización llegó a los estudiantes secundarios, quienes a través de sus Centros y Coordinadoras coincidieron en la necesidad de articular acciones para impedir que este modelo de evaluación, que apunta a la estigmatización de la escuela pública y de sus actores, se imponga en las escuelas.
Con el paro nacional docente del 27 de septiembre el rechazo al operativo aprender se visibilizó en las calles y se instaló definitivamente de manera pública, pese al llamado de la burocracia de CTERA de no estimular el ausentismo de los alumnos y su explícita oposición a rechazar el operativo (bajo el eufemismo de la «suspensión»). Muchos docentes, entonces, nos comunicamos con cada una de las familias de nuestros alumnos para involucrarlas en el rechazo a este operativo como forma ineludible de defender la escuela pública.
En este sentido, es necesario destacar que tanto la CTERA como las demás centrales sindicales nacionales evitaron que la docencia se exprese ese día a través de un paro docente en todo el país. A pesar del masivo rechazo del conjunto de la docencia que se manifestó en que en cada provincia de nuestro territorio hubo organización por abajo para denunciar y boicotear el Operativo, las organizaciones sindicales nacionales evidenciaron con su tibieza que de fondo acuerdan políticamente con la evaluación externa y sólo reclaman un lugar en una mesa de diálogo con el gobierno para elaborar un supuesto sistema de evaluación democrático y participativo, pero que en nada cuestiona las políticas de fondo que del mismo se desprenderían. Los docentes de a pie, sabemos que seremos convidados de piedra aún cuando esa mesa existiera y que nada de lo que allí se acuerde será en pos de mejorar la escuela pública. Así lo vienen demostrando desde hace años.
Al tiempo que continuamos reclamando un paro nacional para rechazar el Operativo, desde Ademys fuimos de los primeros sindicatos (sin duda, el primero de la Ciudad) en lanzar una campaña contra esta Evaluación explicando su carácter externo, estandarizado y privatista, sus objetivos y las consecuencias que tendría la aplicación de la política que se desprenderá de las mismas y que ya conocemos; denunciamos como una estafa y una prebenda inadmisible el pago de 1000 y 2000 pesos a aplicadores y veedores respectivamente; decidimos en Asamblea Abierta llamar a los docentes al quite de colaboración con estas evaluaciones y a boicotear de manera activa el Aprender 2016; impulsamos junto a nuestros compañeros de las escuelas las Asambleas por escuela y por distrito; difundimos cartas a los estudiantes secundarios y a las familias de los alumnos y articulamos con la CEB (Coordinadora de Estudiantes de Base, nucleamiento de los centros de estudiantes porteños) acciones de rechazo; elaboramos boletines explicativos y afiches que llegaron a todas las escuelas de la ciudad; difundimos y analizamos la posición de reconocidos intelectuales y científicos de la educación que argumentan en contra de estas pruebas; realizamos charlas informativas en distintas escuelas para compartir y discutir con los docentes y las familias nuestra posición sobre el tema; organizamos un corte en Acoyte y Rivadavia el día de la realización de la evaluación para visibilizar aún más nuestro rechazo.
El martes 18, finalmente, fuimos la principal referencia en los medios de comunicación para expresar la voz discordante mientras las campanas del gobierno sonaban intentando mostrar una falsa «normalidad» en el desarrollo del operativo en las escuelas. Expresamos con toda claridad la posición de rechazo activo al operativo de nuestro Sindicato frente al innegable boicot que se evidenciaba en las escuelas.
En resumen, fue un mes de intensa e incansable actividad de lucha que culminó con un resultado que superó nuestras expectativas. En primaria, distritos escolares como el 8º y 19º tuvieron un ausentismo del 80% de alumnos de 6to grado, mientras que en otros como por ejemplo el 16º hubo un 70% de ausentes, en el DE 12 de 60%, DE 13 de 59%, DE 3 de 50% y DE 4 de 55%.
En Media, con diferentes niveles de articulación entre docentes y alumnos, la gran mayoría de los estudiantes decidieron no responder la evaluación, realizar sentadas y tomas de escuelas, intervenir, rayar o romper las hojas del múltiple choice y dejar expresada en actas y notas la posición de rechazo al Operativo.
Desde Ademys celebramos como un triunfo de la escuela pública haber organizado colectivamente el masivo rechazo al Operativo Aprender 2016. Seguiremos luchando incansablemente contra este modelo de evaluación externo, estandarizado y privatizador que no busca otra cosa que descargar sobre docentes, alumnos y familias la responsabilidad por las falencias del sistema educativo, que ya conocemos, que denunciamos permanentemente y que continúa sin resolverse. Por ello, desmentimos el argumento oficial de que el objetivo del Operativo era obtener información. Sabemos de los problemas de la educación pública, y también sabemos quiénes son los responsables. La responsabilidad de implementar todas las condiciones necesarias para garantizar la educación pública, laica, gratuita, científica es del Gobierno Nacional y de los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad, que –muy al contrario- siguen avanzando sobre los derechos de los trabajadores de la educación, y sobre el derecho a la educación pública siguiendo los lineamientos del mercado laboral y del sector privado, degradando la educación, desvalorizando el trabajo docente y ensanchando la privatización y precarización del sistema público.
Ante ello, nuestro compromiso indeclinable de seguir organizándonos y luchando en conjunto, docencia y familias, por nuestros derechos y los de nuestros pibes.
