Como desde hace ya tres años, octubre termina pateando niños fuera de las escuelas: “No hay vacante” es el cartel que podría resumir el drama que viven las familias porteñas.
La responsabilidad de garantizar la educación de miles y miles de estudiantes no es ni de las escuelas, ni de los maestros o de las familias, es del gobierno.
Como hemos denunciado reiteradas veces, la falta de vacantes que se ha incrementado en el último tiempo se ha visibilizado notablemente con la implementación del sistema de inscripción on line.
Pero no sólo no se construyen escuelas nuevas para cubrir el déficit de vacantes que existe en la Ciudad sino que los problemas se multiplican evidenciándose una política que tiene como objetivo claro la privatización y precarización de la educación. Por un lado, las vacantes se distribuyen de forma discrecional, sin aplicar realmente los criterios que se dicen tener en cuenta y profundizando la segmentación educativa: escuelas para familias acomodadas y escuelas para familias pobres. El Ministerio monopoliza la información relativa a la inscripción asignando vacantes que sólo acrecientan las desigualdades entre escuelas superpobladas y otras vaciadas. Además, se genera una sobrecarga de tareas en las conducciones escolares que deben validar la documentación requerida; se anula la relación entre escuela y familias que permitiría responder a las necesidades de los que se inscriben; aparecen agentes externos que realizan la tarea de inscripción sin tener conocimientos acerca de lo que este proceso implica; supone que todas las familias puedan realizar el trámite sin tener contacto con alguien que los/as oriente, contenga, conozca, así como pueden pasar horas y horas haciendo colas de reclamos o yendo de un lado a otro de la ciudad para conseguir la vacante. Las soluciones no aparecen y quien debe hacerse cargo, es decir el Ministerio, niega este «agujero negro» que crece año tras año.
El saldo que ha quedado fuera de la última inscripción fue de 11.000 estudiantes, número que el por entonces Ministro de Educación de la Ciudad y actual Ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, tuvo que reconocer públicamente. Si esta política se extendiera en todo el país, solo basta hacer simples cuentas para saber que la cantidad de niños y jóvenes que quedarían por fuera del sistema educativo estatal sería enorme.
Las supuestas «soluciones» que ha dado el Ministerio han sido escandalosas:
– Gasta millones de pesos en micros que trasladan niños/as de sus barrios a escuelas alejadas con todas las complicaciones que eso conlleva para desarrollar el vínculo familias- escuelas; lo que además se implementa de manera parcial y con demoras que han causado que algunos niños, por ej. de la Villa 20 de Lugano iniciaran el ciclo escolar en ¡agosto!
– Alquila edificios que en muchos casos no están en condiciones aptas para funcionar como instituciones escolares, haciendo uso de instalaciones con riesgo edilicio alto o bien hacinando en un mismo establecimiento a muchas instituciones educativas de diferentes niveles y modalidades. Tal es el caso de las tres salas “inauguradas” por ej. en el edificio de Zelada y Oliden (Mataderos) que el gobierno debía reparar para que allí se traslade la Escuela de Teatro –que hoy funciona en un edificio alquilado a una iglesia.
– Pero la política que mayor precarización educativa ha generado el gobierno sobre todo en el nivel inicial ha sido la apertura y/o habilitación de Centros de Primera Infancia en lugar de construir escuelas propiamente dichas. Los CPI, no sólo no dependen del Ministerio de Educación (sino de la Secretaría de Desarrollo Social y Habitat, ex Desarrollo Social), sino que no fueron pensados para ser Escuelas Infantiles. En estos centros, donde quienes trabajan bajo contratos irregulares no son necesariamente docentes ni han ingresado por las vías estatutarias, funcionan, en su mayoría bajo la figura de «gestión asociada», es decir, otorgando subsidios a ONG´s o asociaciones de la sociedad civil que quieran llevar adelante estos proyectos. Cada CPI recibe un monto de dinero por niño/a inscripto, promoviendo por el hacinamiento y sin garantizar las condiciones necesarias y violando la propia legislación de la Ciudad en términos de seguridad edilicia y de salubridad para instituciones educativas. De esta manera el gobierno terceriza el derecho a la educación en manos privadas y se des-responsabiliza de la misma en su totalidad. Esta es la forma en que se implementa en la práctica la obligatoriedad de la sala de 4 años en el nivel inicial: precarización educativa que el gobierno del PRO impulsa y a la que muchas familias se ven obligadas a recurrir frente a la vulnerabilidad social a la que están expuestas. Los Centros de Primera Infancia son el caballito de batalla que Cambiemos pretende extender a nivel nacional, con el consentimiento y apoyo de todos los Ministerios de Educación de todo el país que refrendan esta política en el Consejo Federal de Educación.
Como sindicato hemos denunciado permanentemente que el mal funcionamiento del sistema on line responde a un objetivo político: la privatización del sistema educativo público, su precarización y tercerización.
Seguiremos reclamando la inversión en construcción de nuevas escuelas públicas y junto con las familias y organizaciones barriales nos seguiremos organizando para lograrlo, impulsando también que edificios ociosos de la Ciudad se conviertan en nuevas escuelas infantiles de nivel inicial. Como en la Escuela Fuentealba recuperada y expropiada en 2014, la Escuela Infantil proyectada en Venezuela 3269 cuya licitación se aprobó recientemente gracias a la lucha popular, la Escuela Infantil que se propone para Chivilcoy 1985 en el predio cedido al club All Boys, entre tantas otras.
No podemos permitir que frente a la infinidad de espacios ociosos el gobierno priorice la especulación inmobiliaria cuando podrían construirse escuelas que garanticen las vacantes que hacen falta, como ocurre en el barrio de Caballito, donde los vecinos reclaman que la Escuela privada Santa Rosa luego de haber cerrado por quiebra sea expropiada y convertida en escuela pública en lugar de construir allí edificios o shoppings como pretende el gobierno. El presupuesto existe y está siendo sub-ejecutado mientras se continúa entregando subsidios millonarios a la educación privada.
Seguiremos dando batalla para que las escuelas sean construidas, para que todos los niños y niñas de la Ciudad tengan su vacante en la escuela pública. Sindicato, familias, organizaciones debemos organizarnos para continuar exigiendo que el presupuesto se ejecute, que aumente y las nuevas escuelas dejen de ser promesas y se transformen en realidades. Porque como venimos sosteniendo
En la Ciudad No sobran pibes, faltan escuelas.