Desde Ademys expresamos un total rechazo al proyecto de modificación del régimen penal juvenil, impulsado por Cambiemos mediante el Ministro de Justicia, Germán Garavano.
Una vez más el gobierno y los medios de comunicación apuntan contra uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad -niños y adolescentes pobres- como “chivo expiatorio” frente a una situación de inseguridad. Inseguridad que no negamos pero en la que consideramos que los pibes y pibas que se ven señalados como culpables, en realidad son también víctimas. Sostenemos que enfocar el problema de la inseguridad en la supuesta «licencia para delinquir» de pibes de 14 años por no ser imputables, es un burdo intento de correr el eje de una problemática por demás compleja.
Para empezar, un chico de 14 o 15 años que roba con un arma, no es sino el eslabón más débil de una cadena mafiosa, cuyos jefes y beneficiarios son sin lugar a dudas adultos. Hablamos de cadenas mafiosas, porque los grandes negocios delictivos como el narcotráfico, las redes de trata y explotación sexual o el contrabando de armas –que están detrás de los demás- cuentan en sus filas con empresarios, funcionarios, políticos y obviamente, con las fuerzas represivas del estado. En este sentido, basta recordar a Luciano Arruga, que con tan solo 16 años fue asesinado y desaparecido por miembros de la policía bonaerense por haberse negado a robar para ellos. El gatillo fácil que se cobra la vida de una persona cada 25 horas es la otra cara de esta perversa moneda. Pero contra esta inseguridad que cotidianamente amenaza la vida de nuestros pibes, no dicen nada los funcionarios ni los opinólogos de TV. Muy por el contrario, se encubre y se culpabiliza –una vez más- a las propias víctimas.
Por otra parte y sin evadir la problemática, hay que señalar que es ínfima las cantidad de adolescentes de 14 o 15 años que cometen delitos graves. Estadísticamente se puede demostrar que son muchos más los crímenes por «gatillo fácil» en los que miembros de fuerzas represivas matan a civiles desarmados, pero lógicamente ni el gobierno ni los monopolios de prensa hablan de subir las penas para los casos de violencia en manos de policías, gendarmes o prefectos. En eso también resulta evidente que el objetivo que se proponen, no es siquiera reducir la inseguridad.
Sin embargo, más allá de las estadísticas (que contradicen por completo el sentido común instalado) lo fundamental en esta cuestión es que cada vez que se exacerban el discurso y los proyectos de mano dura, éstos se enfocan exclusivamente en niños/as y jóvenes pobres, en inmigrantes, en piqueteros/as, en villeros/as. Es decir, que aquellos sectores cuyos derechos más elementales son negados cotidianamente, resultan ser apuntados como los responsables indiscutibles de todos los males de la sociedad. Son señalados por el mismo gobierno que vacía la salud y la educación públicas, recorta los programas de atención a la niñez y adolescencia, que no garantiza la vivienda, la alimentación, el trabajo. El mismo estado que vulnera por completo los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes, es el que viene a decirnos que hay que bajar la edad de imputabilidad.
Ahora bien, modificaciones como la que está impulsando el Ministro de Justicia, Germán Garavano, no son novedosas. Estos proyectos suelen resurgir cada vez que un gobierno se ve interpelado por amplios sectores de la sociedad que le exigen “seguridad” (usualmente cuando algún caso cobra particular relevancia pública). Y más aún en años electorales como el actual.
POR NIÑEZ Y JUVENTUDES DIGNAS – BASTA DE CRIMINALIZAR A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES – NI UN PIBE MENOS!
Secretaría de DDHH – Ademys
