En los últimos días los docentes de diferentes instituciones hemos recibido la noticia de la puesta en marcha, sin previo aviso o consulta a las autoridades, los docentes y estudiantes de las escuelas, del proyecto denominado REMA (Recuperación de Materias) – impulsado por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa.Bajo la fachada de un «fortalecimiento del aprendizaje» en el área de matemáticas, la propuesta consistiría en que los estudiantes que adeuden la materia matemática de primer año, que estén cursando segundo o tercer año, concurran en su horario de clase a otros espacios para preparar los contenidos con tutores ajenos al personal del establecimiento o docentes de la misma escuela (con horas extra-clase) y, simultáneamente, preparar a otros estudiantes para la olimpíada en Matemáticas durante el mes de noviembre.
Al mismo tiempo, se obliga a los estudiantes que no deben dicha materia a «preparase» para las Olimpíadas Institucionales de Matemática, reemplazando contenidos que corresponden al diseño por otros, en función del rendimiento estandarizado utilizando un cuadernillo ya elaborado con ejercicios extraídos de las pruebas internacionales PISA. Es decir, el docente de matemática debe dejar de dar clases según su planificación y contenido curricular correspondiente mientras algunos estudiantes están en el proyecto REMA para preparar al resto para las Olimpíadas, más allá de su voluntad y necesidades o proyecto pedagógico.
Tal como lo hemos denunciado en otras oportunidades, frente al ingreso de fundaciones o ONGs ajenas al sistema educativo, el planteo de fondo de este plan tiene como base la introducción de contenidos sujetos a los requerimientos internacionales, remplazando contenidos de forma arbitraria, y no el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, tarea para a cual estamos preparados y formados los docentes que trabajamos todos los días con los alumnos. El eje de la evaluación educativa persigue el objetivo de adaptar la escuela a los parámetros establecidos por el capital, en la misma línea de creación del Instituto de la Evaluación y Calidad Educativa en el año 2013, que ahora tiene proyección nacional.
Pero además, este tipo de programa implica una forma clara de precarización laboral y profesional de la docencia. Por un lado, pretende introducir personal ajeno a las escuelas (en algunos casos estudiantes y en otros docentes jubilados), por fuera del estatuto docente y el acceso por medio de actos públicos, como una forma de generalizar el contrato en educación e incrementar la inestabilidad laboral, promovida por el propio Ministerio de Educación bajo la gestión de Soledad Acuña, obviamente con un salario menor que el que recibe un docente y sin derechos estatutarios. En el caso de que quien desarrolle las tareas del programa sea un docente de la misma escuela, esta modalidad de contratación habilita la decisión arbitraria y a dedo de la conducción escolar.
Todo esto se desarrolla en el marco de un brutal recorte a los recursos de las escuelas, como ocurriera con las horas de los proyectos pedagógicos complementarios (PPC) que se utilizaban para distintas necesidades y proyectos escolares, entre ellos, horas de apoyo para justamente, materias como matemática. Mientras se argumenta que no había recursos para dichos programas, se crea este otro, precarizando el trabajo docente en términos laborales pero también la educación: quien desarrolla el proyecto no es necesariamente un docente. A esto debe sumarse el dinero gastado en los cuadernillos que se entregan a cada estudiante, que no se corresponde obviamente con las necesidades pedagógicas y el plan de estudios de las escuelas sino que son materiales elaborados masiva y descontextualizadamente según estándares internacionales.
Hacemos propio el reclamo de más recursos materiales y horas de creación para poder abordar las necesidades de las escuelas, en formación y extensión, pero denunciamos que este tipo de programas encubren otra finalidad política, la de devaluar los contenidos, tal como ya pasa con la aplicación de la NES, la aplicación de la evaluación de carácter punitiva y la introducción del personal ajeno en remplazo de los docentes de los establecimientos, precarizando el trabajo docente.
Desde Ademys creemos importante organizarnos por medio de asambleas por escuela para rechazar este proyecto que devalúa los contenidos y precariza nuestro trabajo.
Defendamos la educación pública y nuestros derechos como docentes.
NO AL PROYECTO REMA