Durante el mes de septiembre, el Gobierno de la Ciudad implementó en 4to grado de 30 escuelas de la Ciudad, una Prueba piloto de un Simulador en Ciencias Naturales. Este simulador consiste en una colección de seis desafíos con juegos o actividades sencillas seguidas de preguntas de múltiple choice que evalúan conocimientos sobre los seres vivos. Se trata, una vez más, de una prueba piloto para elaborar una nueva evaluación externa.
Esta evaluación se suman a las FEPBA y FESBA en la Ciudad, el Operativo Aprender a nivel nacional y las pruebas PISA a nivel internacional. Evaluaciones que implican un gasto para el Estado y que no contribuyen, de ningún modo, a mejorar la educación. Por el contrario, los resultados de estos operativos se vienen usando para ubicar a las y los docentes como responsables de eventuales bajos resultados en las pruebas, para reivindicar a la educación privada sobre la pública y para justificar las reformas educativas, como la Secundaria del Futuro o la Unicaba.
Si bien esta vez las evaluaciones se presentan como anónimas, apuntan a un modelo de evaluación que se usa en otros países donde la educación está privatizada (Chile, México, Colombia, EE UU) para armar rankings de escuelas y estudiantes. Así, lo que se evalúa es decidido por las empresas contratadas para tal fin y se deja de enseñar lo que dicen los programas escolares para preparar a los estudiantes en la respuesta a las preguntas de la evaluación. En muchos casos, los resultados de estas evaluaciones condicionan los recursos que se asignan a las escuelas o la posibilidad de los chicos y chicas de acceder a estudios superiores.
Por otra parte, en plena cuarentena, mientras muchos chicos y chicas siguen sin acceder a una computadora ni tienen conectividad, el Gobierno realiza este operativo pagándole a la empresa de videojuegos Redwolve studio.
Desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos de Ademys rechazamos, una vez más, este intento de establecer pruebas estandarizas. Creemos que es necesario reabrir el debate sobre lo que implican este tipo de pruebas, elaboradas por organismos internacionales en muchos casos, que tienen intereses vinculados a la formación de sujetos para la competitividad y que se adapten a las necesidades del mercado, contrarios a la educación pública y gratuita que defendemos.
