Desde hace algunos años, una serie de políticas gubernamentales promueven la inclusión de niños con discapacidad en escuelas comunes. Los gobiernos justifican estas políticas en el reconocimiento de derechos de niños y familias a la inclusión educativa, priorizando la inserción en escuelas comunes y cuestionando de manera dogmática el sistema de educación especial en su función específica como parte del sistema educativo.
Sin embargo, las políticas concretas de los mismos gobiernos que pregonan «inclusión» dejan ver que, con tales discursos, sólo se pretende legitimar el vaciamiento y precarización de la escuela pública, y una creciente des-responsabilización estatal en el sostenimiento del derecho a la educación.
La inclusión de niños con discapacidad en la escuela común padece esas políticas de manera particularmente perversa, al no crearse, por los canales institucionales propios del sistema educativo, los apoyos que estos niños necesitan en la escuela. En las provincias donde existe el cargo, los nombramientos son escasos – porque el Estado no crea los mismos, en ocasiones, porque hay docentes en número insuficiente – y, casi siempre, se sobrecarga de trabajo a las integradoras, con muchos niños a cargo de una misma docente lo que implica tiempo escaso y fragmentado de apoyo a cada uno.
En este marco se crearon los cargos de profesionales integradores (APND y AE), como respuesta a las comprensibles demandas de familias de niños con discapacidad incluidos en escuelas comunes. Al amparo de la Ley de Discapacidad 24.901, el Estado instrumenta normas para que las familias canalicen sus demandas a través de sus obras sociales, para que sus hijos cuenten con los apoyos que necesitan. Así, una responsabilidad estatal se transfiere a privados, creando un nicho de negocios y tercerizando la cobertura de necesidades concretas de niños y sus familias.
La función de los APND/AE nace así como respuesta a esas necesidades, caracterizada por la tercerización y la consiguiente precarización laboral y de las condiciones de la enseñanza. Trabajan en la escuela con las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador en relación de dependencia en cuanto a lugar de trabajo, tareas y horarios; se les exige responder ante varios actores (la escuela, la obra social, las familias del niño y el centro de integración), pero ninguno de ellos tiene responsabilidades laborales y pedagógicas con los profesionales, fraudulentamente contratados mediante «locaciones». Es decir: tienen todas las obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia y ninguno de sus derechos, lo cual tiene su base material en la vía tercerizada de cobertura de los cargos.
Los profesionales integradores cumplen un rol docente, asistiendo técnica y profesionalmente a la educación, claramente en los términos definidos por el Artículo 1º del Estatuto del Docente de la CABA (Ordenanza 40.593). En la práctica cotidiana acompañan a niños pero, también, a docentes de la educación común, frente a algo que a menudo les resulta nuevo y desconocido: el mundo de la discapacidad.
Las banderas de la inclusión escolar y del derecho de los niños con discapacidad a la inclusión en las escuelas comunes requieren un profundo debate político y pedagógico en el seno de la comunidad educativa; debate que no puede darse sin las escuelas comunes y las de educación especial, sus experiencias y saberes históricamente construidos. Pero los gobiernos han obturado ideológicamente este necesario debate, y avanzan creando mecanismos con los que pretenden legalizar la ausencia de garantía estatal de los recursos necesarios para atender las necesidades propias de la educación de estos niños, a través de formas brutales de ajuste como tercerización y precarización laboral y educativa.
Estas políticas llevan a perversidades que, en sí mismas, invalidan de conjunto todo el palabrerío propagandístico con que los gobiernos envuelven sus iniciativas de inclusión educativa. Lo evidencia la falta absoluta de apoyos que padecen los niños cuyas familias carecen de cobertura de obra social, mostrando que las tercerizaciones impulsadas por el Estado no pueden producir sino precarización laboral y educativa junto con la institucionalización de lógicas discriminatorias y segmentadoras al interior de la educación pública y, más aún, de una misma institución. Pero además el Estado extiende la tercerización mucho más allá, habilitando que se cubran por esta vía diversas funciones docentes, incluyendo algunas existentes en el Estatuto. Queda así expuesto el carácter reaccionario de una política que dice tener la inclusión educativa como principio rector.
Lo mismo que en los más diversos ámbitos, la lucha contra la tercerización implica el reconocimiento de los tercerizados como trabajadores de pleno derecho, incluidos en el marco normativo correspondiente a la actividad, a la que se restituye a la vez su integridad suprimiendo tercerización y precarización de empleo y condiciones de trabajo. Creemos que superar la actual situación de los trabajadores APND/AE implica sostener el mismo principio, insertando la función específica en el marco laboral, y a los trabajadores en la dependencia funcional y pedagógica correspondiente a su actividad docente específica. Así estos cargos, existentes en la práctica, podrán reconocerse como tales y dejarán de ser un «parche» al vaciamiento de la escuela, y material de negocio y explotación por parte de quienes lucran con la discapacidad de unos y la necesidad de trabajar de otros. Todo lo anterior requiere desmontar la táctica de la patronal estatal que, a partir de la tercerización que ella misma promueve, pretende fracturar el colectivo de trabajadores presentando a los tercerizados como «competidores» de los docentes incorporados al sistema, ocultando la responsabilidad gubernamental en el recorte y vaciamiento de la escuela pública.
Invitamos a los trabajadores APND/AE a sumarse al debate sobre las cuestiones aquí planteadas, que afectan a trabajadores, escuelas y comunidad educativa en general. También, a organizarse para luchar contra vaciamiento, tercerización y precarización laboral y educativa, y por regularizar su situación como trabajadores de la educación. Por una verdadera inclusión, de los niños y de los trabajadores, en un sistema educativo público garantizado por el Estado.
Comisión de Área Socioeducativa y Precarizados – Ademys
