Cierre de 29 Institutos de Formación Docente en CABA
Radiografía de una reforma autoritaria y privatista
El proyecto de disolución de los 29 profesorados terciarios que pretende imponer el PRO en la Ciudad de Buenos Aires oculta más de lo que exhibe. Mediante la instalación de un falso debate que tiene como argumento central el “status” que otorgaría el carácter universitario de la nueva carrera, se camuflan las razones de fondo: la intervención sobre la autonomía de los institutos actuales, el avance sobre la libertad de cátedra, el más que probable cierre de cursos y la eliminación de cargos docentes. Pero además, el control ideológico y la reorientación de los contenidos en sintonía con la reforma curricular en la Escuela Media.
Detrás de la “reorganización” de la formación docente se asoma un nuevo avance privatista, que marcha en paralelo a las reformas laboral y educativa.
Un falso debate para ocultar la discusión de fondo
Con muchos recursos económicos y una gigantesca campaña mediática, el PRO instaló a principios de diciembre una discusión falaz. Una encuesta fue diseminada en las redes sociales por el ejecutivo porteño, pero fundamentalmente fue replicada mediante el padrinazgo de los grandes medios de prensa: “¿Estás de acuerdo en que la carrera docente pase de ser terciaria a universitaria?”. Con una superficialidad difícil de igualar, se trata de reducir nada menos que la discusión de una reforma para la formación docente a 80 caracteres. La opinión de los alumnos y trabajadores de los institutos, o la de los académicos y pedagogos de la UBA y otras universidades nacionales, que no es siquiera tenida en cuenta, trata de ser reemplazada por una compulsa amañada en Twitter o Facebook. Más allá de la operación de marketig, cabe preguntarse ¿qué modelo de estudiante y de docente subyace en esta reforma? ¿Qué lugar ocupan en ella los actuales institutos de formación docente, muchos de más de un siglo de existencia? ¿Cuál sus trabajadoras y trabajadores?
“Desarrollando talento, desarrollamos futuro”
Con un eslogan tomado literalmente del management, el Ministerio de Educación porteño difundió, antes que el propio borrador de ley sobre la reforma en terciarios, un material con poco texto y muchos datos… pero casi ninguna fuente citada. En él se realizan afirmaciones que quienes formamos parte del sistema educativo sabemos fehacientemente que son falsas. En “Desarrollando talento…” se mencionan logros de gestión que no son tales, como por ejemplo un número ficticio de escuelas construidas (64) de las cuales, lógicamente, no se da ni nombre ni ubicación. Además, se afirma que se están construyendo otras 52, de las que en muchos casos solo existe el cartel de inicio de obra, como en el llamado “Polo educativo Mataderos”, cuya realización acumula 15 años de reclamos, y de la cual se está ejecutando solo una ínfima parte. Entre el contenido escuetamente plasmado en el material difundido por el Ministerio de Educación porteño, se menciona la creación de la universidad docente. Se dice que la misma brindará “flexibilidad en los formatos de aprendizaje” incorporando instancias virtuales. En cuanto al perfil docente, una diapositiva habla de las cualidades a desarrollar en el “docente del futuro”: “es flexible y se adapta al cambio”, posee “actitud emprendedora”. En un anexo, tan lacónico como el resto del texto, se rotula sobre la nueva formación docente que habrá una “estructura y enfoque unificado de la oferta”, que el ingreso a la carrera implicará la “validación de saberes previos” (¿examen de ingreso?) y que se desplegará una “política de atracción a los mejores alumnos”. Estas afirmaciones, tan carentes de originalidad como de rigor, provienen de los lineamientos del Banco Mundial y la OCDE en educación. Estos organismos, promotores de este tipo de reformas, señalan que el factor causante del bajo rendimiento educativo en Latinoamérica no radica en la creciente desigualdad social, ni en la pobreza extrema de millones de niños y niñas o el desfinanciamiento educativo, sino en el nivel bajo de la docencia. Para revertirlo proponen un mejor “reclutamiento” de los candidatos a educadores ( http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/07/28/maestros-excelentes ) o la evaluación externa periódica de docentes y alumnos/as como instrumento de medición para aplicar “estímulos”, o eventualmente determinar la permanencia o no en el cargo de las y los maestros.
La reforma en terciarios es parte de una reforma más amplia, ligada a las reformas laboral, previsional y fiscal, y en el plano educativo al llamado “Plan Maestro”. Entre otras propuestas, se plantea allí que la llave maestra para resolver los problemas educativos la tendrá el “despliegue de talentos”, la “innovación” y la “creatividad”, concebidas siempre como atributos individuales. Una creatividad que, justamente, parece no abundar entre los funcionarios y comunicadores ministeriales, ya que el título de su documento es prácticamente idéntico al de un curso de coaching empresarial español de 2015 ( https://elblogdelinaem.files.wordpress.com/2015/06/opel-1.jpg ).
Todo bajo control
En el borrador de ley elaborado por el PRO acerca de la llamada UniCABA se plantea que su “estructura académica institucional concentrará toda la formación docente de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Art. 5º) y que “(se autoriza) al Poder Ejecutivo a transferir a la UniCABA el nivel terciario de gestión estatal de las Escuelas Normales Superiores, las Escuelas Superiores de Educación Artística y los Institutos de Educación Superior de Formación Docente y la Escuela de Maestros” (Art. 6º). En ambos artículos se consolida la disolución de los institutos terciarios de formación docente y su autonomía, y se traspasa su patrimonio y personal a la nueva institución. El personal, en muchos casos interino o suplente, no tiene garantizada su estabilidad. El gobierno y estatutos de la flamante UniCABA, lejos de cualquier atisbo formal de democracia, dependerán en última instancia del poder político actual: “La UniCABA se organizará internamente de acuerdo a los Órganos de Gobierno y de Administración que establezca el Estatuto Académico a dictarse. Dicho Estatuto será redactado por el Rector/a Organizador/a, designado/a por el Poder Ejecutivo” (Art.10º). Este artículo se conecta con el 15º, el más extenso del texto, que plantea nada menos que la posibilidad de intervención de la universidad por parte de la Legislatura o el Poder Ejecutivo. Dicha intervención no requiere orden judicial, ni tampoco excluye la posibilidad de ingreso de fuerzas represivas a sus instituciones, como sí ocurre con las universidades nacionales. Como puede verse, en el “reordenamiento” de la formación docente del PRO hay una dirección clara: de arriba hacia abajo. Y desde la derecha.
Haciendo cuentas
El gobierno nacional y el porteño vienen señalando que en nuestro país existen demasiados institutos de formación docente, y que además existe un promedio alto de docentes por alumno en ese nivel. En este caso tampoco los señalamientos son originales. Desde organismos de crédito y fundaciones diversas se machaca en este mismo sentido. En Apostar a la docencia, libro publicado en 2014 por CIPPEC (fundación vinculada a Sonia Cavallo) y por la Embajada de Finlandia, se establecen cifras sobre este punto. Se afirma allí, con tono crítico, que Argentina posee un número de profesorados por habitante casi 10 veces superior al de Chile.
En el apartado que aborda la formación docente (cuyo título “Un sistema sobredimensionado y fragmentado” no deja dudas de sus intenciones), se afirma: “El sistema formador (en Argentina) está constituido por 1.243 institutos superiores de formación docente (ISFD) y 61 universidades (…) Esto implica que existen 31,7 instituciones de formación cada millón de habitantes, relación que se revela excesiva cuando se la compara con otros casos: en Chile y México, esta cifra equivale a 4; en Colombia, a 2,3; en Estados Unidos, a 3,6 y en Francia, a 0,5”. La solución para semejante abundancia de institutos no aparece enunciada explícitamente en el libro, aunque tampoco hace falta. Cambiemos se está encargando: al intento de cierre de los 29 IFD porteños, cabe añadirle el antecedente de la Resolución Ministerial Nº 7239/17 de la Pcia. de Jujuy, que invocando un “Nuevo Modelo Organizativo y Pedagógico”, suspende la inscripción para los profesorados en dicha jurisdicción hasta nuevo aviso. La campaña para disolver profesorados en nombre de la “racionalización de la oferta” cuenta con el apoyo de varios matutinos que replican casi textualmente estos argumentos acerca de la sobreabundancia de institutos. En ese sentido, puede verse cómo se reproducen estos números recientemente en un artículo firmado por miembros del propio CIPPEC (La Nación; 7/12. “La universidad docente bajo la lupa”).
Retórica Vs. Realidad: achicar el estado y agrandar el negocio privado
Desde el gobierno se argumenta que la carrera docente es actualmente “poco atractiva”. Eso explicaría la baja tasa de inscriptos y la consecuente falta de docentes. Para revertirlo, se avanza en la creación de un nuevo sistema de formación superior, ahora universitario, que resolvería el problema. Es decir que para subsanar la falta de docentes el gobierno cierra los profesorados públicos, que concentran la mayor parte del alumnado. No hace falta esmerarse en refutar este argumento, aunque sí en precisar algunas cifras.
La matrícula de los profesorados públicos porteños registra un leve crecimiento a lo largo de los diez últimos años. En 2016, registró 28.119 inscriptos, una de las cifras más altas en términos recientes. A su vez, ese número representa el 77% del total de los estudiantes de profesorados, quedando en el sector privado solo un 23% de la matrícula, con 8.518 alumnos. Cabe señalar esta relación: mientras que en las carreras terciarias no universitarias que incluyen la formación técnico-profesional la relación de la matrícula entre el sector público y el privado es de 45% (47.987 alumnos) a 55% (58.464 alumnos) en favor del privado, esta relación se invierte en las carreras docentes (ver cuadros 1 y 2).
En síntesis: la modificación que proyecta el ejecutivo sobre la formación docente, lejos de ser un factor de atracción promete ser un elemento que desaliente la inscripción en los amenazados profesorados públicos, a la par que incremente el negocio de los institutos privados. Baste como ejemplo la oportuna y para nada casual publicidad de carreras docentes que la Universidad Católica Argentina (UCA) lanzó en simultáneo a los anuncios de cierre de profesorados.
A los aspectos políticos e ideológicos antes expuestos, podemos añadir, en ese orden, el meramente mercantil: con la reforma en terciarios se intentará achicar la formación pública y aumentar proporcionalmente el negocio de los particulares.
Una disputa con historia
Las reformas en la formación docente poseen historia reciente y no tanto. A los desastres propios de una gestión autoritaria como la de Cambiemos, hay que añadir las reformas que desplegaron las llamadas gestiones “progresistas”, que lejos de marcar una tendencia opuesta, le prepararon en gran parte el terreno. Algunos de los cambios previos al que quieren imponer actualmente fueron los de 2009 y 2001. Mediante la Resolución Ministerial Nº 6635 de noviembre de 2009, en vigencia desde 2010, se llevó el magisterio de 3 a 4 años, en sintonía con lo planteado por el Art. 75 de la Ley de Educación Nacional (26.206). A su vez, los planes de estudios registraban cambios previos, como el efectuado por Filmus durante la intendencia de Aníbal Ibarra, mediante la Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 2170/2001, y las resoluciones 270 y 271/2002. En ese entonces se extendieron las carreras docentes en CABA, llevando el magisterio de 2 y medio a 3 años y sumando varias instancias de cursada en contraturno. Estas reformas fueron resistidas en su momento, y si bien no implicaron una caída de la matrícula en los profesorados, sí generaron una disminución en los egresos.
Pero más allá de la historia reciente, el discurso de la “modernización” fue el que en la década del 60 impulsó la creación de los profesorados como instancia superior, diferenciada de la enseñanza media. En 1968, en plena dictadura de Onganía, se interrumpió la inscripción en el magisterio, por entonces a cargo de escuelas normales. En ese momento se argumentaba acerca de la abundancia de docentes. En 1970, mediante la resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 2371 se creaba la carrera terciaria para los profesorados de maestros (http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/85353/7946.pdf?sequence=1 ; ver De Luca y Southwell; 2008, entre otros). Este gobierno, además, en 1970 había derogado la Ley Láinez, iniciando el proceso de transferencia educativa a la provincias y frenando la creación de escuelas nacionales en jurisdicciones menores.
La racionalización del sistema fue uno de los argumentos. Los tecnócratas de la segunda mitad de siglo XX apelaban a la idea de “desarrollo” y a la necesidad de adecuar el sistema educativo hacia dicho objetivo. En ese marco, planteaban que se requería una formación que profesionalizara a la docencia y le suministrara aportes de la técnica. Pero en aquel caso también, más allá de la retórica, la meta era la subordinación de la formación, incluida la universidad, a las demandas del mercado, a la proliferación de fundaciones locales y sobre todo extrajeras con sus becas, y la intervención sobre la autonomía, que había tenido su expresión más cruda en la llamada “Noche de los bastones largos” en 1966. Todo con el marco previo de la llamada disputa de la “Laica o Libre” en 1958, que había implicado una significativa avanzada del sector privado expidiendo títulos oficiales.
La pelea actual sobre la formación docente no puede dejar de leerse como otro episodio de esta misma disputa.
La universidad del mercado
La reforma en los terciarios pretende avanzar en términos políticos sobre la autonomía de un sector que suele ser crítico y con instituciones que poseen cogobierno. El modelo de reemplazo es verticalista, con plenos poderes para el ejecutivo. A su vez, se propone consolidar un perfil de docente acorde a la reforma: un docente “facilitador” o “aplicador”, el que aplique los contenidos de la llamada “Secundaria del Futuro”, una escuela degradada académicamente, con un tercio de su cursada no presencial, y promotora de la flexibilidad laboral mediante las pasantías. Por otra parte, se abre la puerta al incremento de la incidencia del sector privado en educación: mediante la transferencia directa de matrícula que implicará el achicamiento en el sector estatal, pero también mediante la incidencia directa y creciente que tendrán en el sistema público las ONGs, fundaciones y empresas proveedoras de insumos informáticos para las “plataformas virtuales”.
Cambiemos utiliza la denominación de “universidad” como cáscara para una reforma autoritaria. Mientras emplea con cierto espíritu de marketing el prestigio del que goza la universidad pública, apunta a crear un ente que se desenvuelve justamente en un sentido contrario: la universidad del PRO es una universidad sin libertad de cátedra, sin autonomía real, sin garantía mínima de nivel académico. Una universidad que va a formar a los docentes en y para la precarización laboral.
Desde la docencia y el estudiantado, no cabe más que el absoluto y rotundo rechazo a este intento mercantilista. Una reforma contraria a la escuela pública no admite negociación posible. Su carácter inconsulto es reflejo de su contenido regresivo: no es una cuestión, solamente, de método. La forma y contenido de la UniCABA, en este caso, son solidarios.
A un siglo de la Reforma Universitaria de 1918, la derecha gobernante plantea una contrarreforma. Los trabajadores y trabajadoras de la educación junto con las y los estudiantes podemos frenarla.
Mariano Garrido; Secretario de Asuntos Pedagógicos – Ademys
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Anexo:
