Desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, continuamos analizando las reformas educativas que avanzan en todos los niveles. Buscamos fortalecer y socializar el conocimiento y análisis de las reformas, poniendo en relación lo específico de la formación docente con lo que viene ocurriendo en otros niveles y modalidades de CABA.
Abonar a este análisis en profundidad generará mejores condiciones para plantear una perspectiva de organización y de lucha. En este artículo, desarrollamos una síntesis de los puntos centrales de la reforma Curricular en Terciarios.
EL MGCBA avanza con la reforma de los planes de estudio de todas las instituciones de formación docente de CABA. El 22/12/22 envió un borrador de “Lineamientos curriculares para la formación docente inicial” que incluiría a todas las carreras de formación docente, es decir, las que forman docentes para los niveles de inicial, primaria y media y todas las modalidades: idiomas, artísticas, educación física (ya en aplicación). Si bien está incluido por la formulación, no hay especificaciones sobre la modalidad de educación especial. Esos “lineamientos” que hoy no existen, serían la base para que luego se establezcan los diseños curriculares de cada una de las carreras.
En lo que sigue, pasamos en limpio los puntos principales que surgen de ese documento.
ACORTAR LAS CARRERAS: éste es el eje central de la reforma. Atribuyen a la extensión de las carreras de media y superior o a la cantidad de asignaturas de los planes de inicial y primaria la extensión de las cursadas reales. Como siempre, las cuestiones económicas, de cuidado, sociales sólo se mencionan para justificar medidas que no resuelven el problema de fondo.
En el caso de las carreras que acreditaban para la docencia en media y superior, se plantea la reducción de la competencia del título para media quedando superior como “posgrado”.
En el caso de las carreras de PEP y PEI, como están en el límite inferior de la cantidad de horas exigidas por el Consejo Federal de Educación (y regulaciones internacionales), no hay una reducción explícita en horas, pero se busca reducir de 45 a 36 (o 32) la cantidad de instancias curriculares totales. Se desliza la posibilidad de dar una titulación “intermedia” en el caso de las áreas en las que faltan docentes de validez jurisdiccional. En el nivel primario esto vendría a cristalizar las medidas de “emergencia” que hacen que una parte muy importante de estudiantes trabajen en el sector privado desde muy temprano y desde que tienen el 70% de la carrera en el sector público.
EXAMEN DE INGRESO: se establece un examen de ingreso. Si no se aprueba, será obligatorio el cursado de una FORMACIÓN INTRODUCTORIA que se contaría como parte de la carrera, sería de un cuatrimestre, una de sus materias sería lectura, escritura y oralidad y otras 3 (tres) de contenido desconocido. No obstante, se detalla que las cuatro instancias tendrían un solo examen de acreditación. Quienes lo hayan aprobado, no realizan ese cuatrimestre e ingresan directamente a la carrera. La formulación marketinera encubre la imposición del examen de ingreso diciendo que el curso es obligatorio pero que se puede “rendir en forma libre”.
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS: además de la FORMACIÓN INTRODUCTORIA, se establece una reorganización de los CAMPOS (Formación General, Formación Específica, Formación de las Prácticas Profesionales).
- El CFG tendría una parte “general” y otra “orientada”. La “general” (de la general… la falta de seriedad es realmente indignante) sería compartida por todas las carreras. La “orientada” serían aquellas asignaturas del CFG con vinculación con el nivel. (Vale aclarar que profesorxs del CFG hemos señalado que “general” no significa que da igual su dictado para cualquier nivel y modalidad.) La apuesta es que haya una alta circulación y centralización de estudiantes con la consecuente reducción de cátedras y puestos de trabajo. Se promueve, además, que se avance especialmente en este campo en la virtualización.
- “Núcleos Temáticos” (o el retorno de las “áreas integradas” de los noventa). Acá se plantean con mucha vaguedad propuestas que apuntan a la reducción de instancias disciplinares. Se sugiere un retorno a la “caja cerrada” (es decir, cursada por cursos y no por materias) para que les estudiantes tengan que cursar varias materias en simultáneo. Se plantea que varias asignaturas que comparten algún “núcleo temático” aborden de conjunto y realicen una sola evaluación. Desde ya, que la posibilidad de realizar un trabajo mucho más integrado entre cátedras podría resolverse de forma mucho más estructural reconociendo el intercambio y la planificación como parte de la jornada laboral; cuestión que impide el hecho de que nos (mal) pagan sólo las horas frente a curso y muches docentes tenemos hasta 7 u 8 escuelas.
- Campo de la formación integral: esto establece un sistema de créditos que es la llave para reproducir la compra de puntaje en la propia formación inicial. Esta formación “integral” podría realizarse por fuera del sistema formador (apertura a la mercantilización). Las instituciones de formación docente deberían presentar propuestas 100% virtuales asincrónicas (sic). Además, deberían renovarse periódicamente y estarían sujetas a la validación por parte del ministerio. En Ademys tenemos larga experiencia en cómo esto es un factor de disciplinamiento, por nuestra oposición a la política educativa el ministerio no nos aprueba cursos con puntaje a cargo de profesionales sumamente reconocidos y con proyectos muy sólidos.
ELIMINACIÓN DE MATERIAS Y CONTENIDOS: las materias que no estén directamente vinculadas con la “práctica” para el nivel en cuestión, dejan de estar. Así ocurre con los Lenguajes Artísticos Expresivos, con Ética y Filosofía, entre otros. La noción de que lo que hace falta saber para enseñar es apenas más de lo que se pone en juego en las aulas del nivel, implica una degradación muy notoria.
EVALUACIÓN INTEGRAL FINAL: esta cuestión se plantea como un trabajo integrador de cierre con defensa. Resuena al examen de egreso que, en países como Colombia, vanguardia del neoliberalismo educativo, ya existen. En una propuesta de acortar, virtualizar, reducir asignaturas, bajar exigencias, resulta discordante esta propuesta que en general alarga todas las trayectorias.
VIRTUALIZACIÓN: se establece que como mínimo las carreras deberían tener un 30% de su formación virtual. Y este mínimo podría llegar al 50%. La experiencia de la virtualización forzada durante la pandemia busca reforzarse a pesar de la cínica prédica adoptada por el propio ministerio respecto que “nada reemplaza la presencialidad” (claro, para que la escuela sea el espacio de cuidado o guardería que el capital requiere para funcionar). Sabemos también las enormes falencias que ha tenido esa supuesta “continuidad pedagógica” en la formación docente.
REDUCCION DE LA AUTONOMÍA Y DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA: si bien el establecimiento de competencia de títulos para el dictado de las materias permitiría reducir la arbitrariedad que rige en los concursos, los lineamientos suponen que los concursos dejen de ser una atribución de las instituciones y sus ámbitos de gobierno colegiado. Desconociendo que ya existen diseños curriculares y que todo concurso evalúa la pertinencia de las propuestas respecto de lo allí establecido, se proponen determinar los contenidos y bibliografía con lo cual la libertad de cátedra que garantiza la pluralidad se ve atacada.