El miércoles 1 de Octubre, en un tratamiento “express”, el oficialismo sancionó la reforma del Código Civil y Comercial en un debate a solas. La sesión arrancó con el uso de la palabra de la mayoría de los bloques opositores que denunciaron el carácter de la sesión: sin discusión en las comisiones y donde la mayoría de los diputados que actualmente integran la Cámara no pudieron participar de dicho debate.
Desde la Asociación Docente Ademys repudiamos la sanción del Código Civil y Comercial por considerarlo un atentado a los derechos de las mujeres, los trabajadores y los pueblos originarios y un atropello a muchas de sus conquistas. Denunciamos no sólo el método antidemocrático impuesto por el kirchnerismo sino que consideramos que se trata de una reforma reaccionaria y antiobrera que obedece a un pacto entre el Gobierno y la Iglesia Católica que seguirá teniendo jerarquía de orden público.
Con esta reforma, queda claro que el gobierno tiene una posición tomada de no avanzar en la discusión del aborto. Ratificando la santa alianza con la jerarquía eclesiástica, se votó la eliminación de un párrafo del Art. 19. considerando que la vida humana comienza con la concepción, poniendo en riesgo las técnicas de fertilización asistida y la posibilidad de avanzar en la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. La realidad es que la prohibición no impide que se practiquen medio millón de abortos en nuestro país, provocando la muerte de más de 300 mujeres por las consecuencias de abortos realizados en la clandestinidad, adolescentes, mujeres trabajadoras y pobres que no tienen recursos para pagar un aborto en condiciones de higiene y salubridad. Como trabajadoras de la educación y en nuestras escuelas, seguiremos impulsando la campaña de apoyo al proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tomamos con fuerza e iniciativa la consigna por una “educación sexual para decidir” uniendo esta lucha a los reclamos por una educación gratuita, científica y laica.
Asimismo, denunciamos los múltiples articulados de carácter antilaboral que atentan contra las conquistas de la clase trabajadora y reafirman la legislación neoliberal de los noventa. Entre otras cosas, a partir del proyecto sancionado, se exime de responsabilidad al Estado y sus funcionarios por ejemplo, como en la tragedia de Once que se cobró la vida de más de 50 personas. Asimismo, beneficia a los a los empresarios y la protección de su patrimonio frente a las demandas laborales, limitando los derechos de los trabajadores frente a las empresas, profundizando el fraude laboral. A todas luces, esta reforma antiobrera abre las puertas a nuevas formas de flexibilización y tercerización, siendo los trabajadores los más perjudicados.
Desde el sindicato, como trabajadores de la educación, nos pronunciamos en contra de esta reforma que hace retroceder cientos de años en las conquistas de las mujeres y es un ataque a la lucha por los derechos de toda la clase trabajadora. Si bien contiene aspectos progresivos, como la legislación sobre el divorcio y la adopción, creemos que este retroceso en cuestiones específicas sobre la regulación de la vida de millones de personas, en los aspectos arriba mencionados, tiene un claro objetivo político al servicio de los intereses de la Iglesia, las Empresas y el gobierno de turno.
