Luego de dos meses de cuarentena la crisis se profundiza y se agrava la situación de los trabajadores de la educación privada. Las instituciones privadas recortan salarios, pagan en cuotas y despiden a la par que presionan para flexibilizar las condiciones laborales de los docentes.
Se agudiza la crisis del sector y las patronales reclaman el rescate del estado mientras amenazan con quiebras y despidos. Los representantes de las cámaras empresariales de los jardines de infantes, el sector que registra la mayor precarización entre sus docentes, pidió ser subsidiado pero obtuvo una respuesta negativa por parte del gobierno de la Ciudad. Aún así las instituciones que cuentan con subsidio estatal también aprovechan la crisis e incumplen con el pago de salarios. Las escuelas confesionales que en muchos casos acceden a subsidios al 100% no son la excepción. El estado no solo financia los proyectos oscurantistas de las iglesias sino que hace la vista gorda cuando los fondos para el pago de salarios no llegan a sus destinatarios. Es un secreto a voces que la gestión de los subsidios y los manejos de DGEGP son una caja negra. Mientras tanto, día a día, se multiplican las denuncias sobre las amenazas de despido y las presiones para aceptar el pago en cuotas, las rebajas salariales y la flexibilización.
La apertura de los libros contables para el control de los trabajadores y la estatización de toda institución que cierre o incumpla sus obligaciones salariales son reivindicaciones que se muestran al orden del día para enfrentar los despidos y el déficit de vacantes que afronta el sistema educativo público.
Las presiones para la reapertura de escuelas no tienen ningún fundamento sanitario y solo buscan garantizar el cuidado de los estudiantes para que los padres vuelvan al trabajo. En el ámbito de la educación privada se imposta una normalidad y continuidad frente a las familias para asegurar el pago de las cuotas. Esto redunda en un aumento del ritmo de trabajo y de la exigencia a los docentes.
Las dificultades derivadas de la virtualización forzosa también están presentes en las instituciones privadas. A los docentes se les exige que provean ellos los medios técnicos para garantizar la conectividad. En los casos en que los trabajadores no cuentan con estos, las presiones son enormes e incluso se ha intentando avanzar en el despido o el no pago del salario.
Las marchas y contramarchas sobre el curso de acción también conllevan un aumento de las cargas laborales. El ministro de educación de la nación, Nicolás Trotta, reconoció, mediante una resolución, que en este contexto es imposible calificar. Esto es una aceptación de lo que venía siendo evidente y señalado para la docencia. En la mayoría de los casos no está garantizada la conectividad para muchos estudiantes y docentes. Trotta incluso señaló que “poner una nota sería calificar la realidad sociofamiliar del niño». Esto no es otra cosa que una confesión de las profundas desigualdades que atraviesan al sistema educativo.
Desde Ademys alertamos sobre el agravamiento de la situación de los trabajadores de la educación privada y llamamos a la organización unitaria de toda la docencia. Rechazamos todos los despidos, ceses o rebajas salariales. Exigimos la apertura de los libros de toda institución privada que recorte salarios o personal, control de sus balances por parte de una comisión independiente integrada por los/las trabajadoras de la Institución. Planteamos la estatización de toda escuela que declare su cierre o incapacidad para afrontar el pago de salarios.
