Desde hace algunos años, una serie de políticas gubernamentales promueven la inclusión de niñas/os con discapacidad en escuelas comunes, amparadas en el reconocimiento de sus derechos y cuestionando de manera dogmática el sistema de Educación Especial en su función específica como parte del sistema educativo.
Sin embargo, las políticas concretas de los mismos gobiernos que pregonan «inclusión» dejan ver que, sólo se pretende legitimar el vaciamiento, la precarización de la escuela pública, y la desresponsabilización estatal en el sostenimiento del derecho a la educación.
La inclusión de niñas/os con discapacidad en la escuela común padece esas políticas de manera particularmente perversa, al no crearse, por los canales institucionales propios del sistema educativo, los apoyos que necesitan en la escuela ya sea a través de la apertura de los cargos necesarios de maestras de apoyo, y/o a través de la creación del cargo de maestra integradora siempre dentro de la esfera de educación y en la modalidad Especial. De esta forma, al tiempo que se procede al vaciamiento de la modalidad de educación especial, el Estado sobrecarga de trabajo a las maestras de grado y a las integradoras con muchos niñas/os a cargo, lo que implica tiempo escaso y fragmentado para el apoyo de cada una/o.
En este marco se crearon los cargos de profesionales integradoras/es (APND y AE), como respuesta a las comprensibles demandas de familias de niños con discapacidad incluidos en escuelas comunes. Al amparo de la Ley de Discapacidad 24.901, el Estado instrumenta normas para que las familias canalicen esas demandas a través de sus obras sociales, transfiriendo una responsabilidad estatal a privados, creando un nicho de negocios y tercerizando la cobertura, con la consiguiente precarización laboral y condiciones de la enseñanza. Un ejemplo claro de esto es la proliferación de Centros que en forma privada contratan a APND/AE bajo relaciones laborales de una precarización absoluta y sin asumir las responsabilidades que dicha relación laboral implican. Cabe destacar que cada centro se maneja con autonomía en cuanto al sustento epistemológico que rige la tarea; de esta forma el Estado también se desentiende de establecer y regular el enfoque desde donde se encaran las integraciones. Estos centros amparados en la resolución 705/2000 del Servicio Nacional de Rehabilitación que se denominan «Servicio de Apoyo a la integración escolar»,
se aprovechan del trabajo de los profesionales incurriendo en una relación de dependencia encubierta. Dicha normativa, en su concretización libera a los centros de cargas sociales y responsabilidades y los mismos se convierten en oficinas burocráticas que, más que brindar apoyo al trabajo complejo que implica la integración, lucran a costa de los trabajadores y de las obras sociales de las familias. Además de esto, los centros cometen faltas como retener arbitrariamente parte de los honorarios de los profesionales o tomar servicio de personas sin título de incumbencia para su función.
Así, la/os APND y AE trabajan en la escuela con las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador/a en relación de dependencia en cuanto al lugar de trabajo, tareas y horarios y sin ninguno de sus derechos. Se les exige responder ante varios actores (la escuela, la obra social, las familias del niño y el centro de integración), pero ninguno de ellos tiene responsabilidades laborales y pedagógicas con las/os profesionales. Son fraudulentamente contratados mediante «locaciones». Además cumplen un rol docente, asistiendo técnica y profesionalmente a la educación, claramente definido en el Artículo 1º del Estatuto del Docente de la CABA (Ordenanza 40.593). En la práctica cotidiana acompañan a niñas/os y también a docentes de la educación común, frente a algo que a menudo les resulta nuevo y desconocido: el mundo de la discapacidad.
Estas políticas llevan a perversidades que, en sí mismas, invalidan el palabrerío propagandístico con que los gobiernos envuelven sus iniciativas de inclusión educativa. Lo evidencia la falta absoluta de apoyos que padecen las/os niñas/os cuyas familias carecen de cobertura de obra social, mostrando no sólo la precarización laboral y educativa sino la institucionalización de lógicas discriminatorias y segmentadoras al interior de la educación pública y, más aún, de una misma institución. Pero además el Estado, por esta misma vía, habilita que se cubran diversas funciones docentes, incluyendo algunas existentes en el Estatuto. Queda así expuesto el carácter reaccionario de una política que dice tener la inclusión educativa como principio rector.
La lucha contra la tercerización de las/os APND/AE implica insertar su función específica en el marco normativo laboral, y a los/as trabajadores/as en la dependencia funcional y pedagógica correspondiente a su actividad docente específica: la modalidad de educación especial. Así, estos cargos, existentes en la práctica, podrán reconocerse como tales y dejarán de ser un «parche» al vaciamiento de la escuela, material de negocio y explotación por parte de quienes lucran con la discapacidad de unos y la necesidad de trabajar de otros/as.
Todo lo anterior requiere desmontar la táctica de la patronal estatal que, a partir de la tercerización que ella misma promueve, pretende fracturar al colectivo de trabajadoras/es presentando a los tercerizados como «competidores» de las/os docentes incorporados al sistema, ocultando la responsabilidad gubernamental en el recorte y vaciamiento de la escuela pública.
Las banderas de la inclusión escolar y del derecho de los niños con discapacidad a la inclusión en las escuelas comunes requieren un profundo debate político y pedagógico en el seno de la comunidad educativa. Este debate implica tanto a las escuelas comunes como a las de Educación Especial, sus experiencias y saberes históricamente construidos. Pero los gobiernos lo obturan ideológicamente y avanzan creando mecanismos con los que pretenden legalizar la ausencia de garantía estatal de los recursos necesarios para atender las necesidades propias de la educación de estos niños/as.
Entendemos que el ejercicio efectivo del derecho a la educación implica necesariamente un Estado que contemple y garantice las condiciones laborales dignas de todos los trabajadores que cumplen funciones en el área educativa. En este sentido algunas de nuestras reivindicaciones concretas son:
No a la privatizacion y el vaciamiento de la modalidad de Educación Especial.
Incorporación de los APND/AE dentro del Estatuto Docente en la modalidad de Educación Especial. Para nosotros esto implica: salarios acordados en paritaria docente, estabilidad laboral, derecho a cobrar diciembre y febrero como meses completos, vacaciones y aguinaldo. Derecho a obra social, ART y régimen de licencias establecido en el estatuto del docente: enfermedad, estudio, maternidad; y cargas de seguro a cargo del empleador.
Que el estado se haga cargo de los meses adeudados o no pagados por las obras sociales.
Por una verdadera inclusión, de las/os niñas/os y de las/os trabajadoras/es, en un sistema educativo público garantizado por el Estado.
Hasta que se haga efectiva la incorporación al Estatuto Docente, transicionalmente sostenemos que es necesario que se tomen medidas concretas Algunas de ellas son: que se dé continuidad de los contratos con las obras sociales de marzo a marzo. Actualización del nomenclador indexado de acuerdo a los índices de inflación. Cobro en tiempo y forma (a mes vencido). Pago de todo lo adeudado a los integradores. Seguros a cargo del empleador (Gobierno de la Ciudad en el caso escuelas públicas o de las propias instituciones privadas). No al descuento de los días por enfermedad. Posibilidad de un régimen de licencias. Supervisiones y capacitación a cargo del empleador.
Comisión de APND