Salario, condiciones laborales, vaciamiento de los equipos de orientación, crisis edilicia, eliminación de las elecciones de Juntas, falta de vacantes, privatización del sistema educativo, evaluación de la “calidad educativa”, precarización laboral, ajustes presupuestarios, cesión de terrenos a la Iglesia y avances contra el laicismo…
Son muchos los temas que atraviesan la situación de la docencia, las escuelas y la comunidad educativa.
Los cambios en la situación política luego de las elecciones que finalizaron en el balotaje del 22 de noviembre, ameritan un análisis profundo para prepararnos para enfrentar los efectos de las políticas en curso y las que se vienen, que no atacarán sólo a los docentes sino al conjunto de los trabajadores, de la salud, la industria, los servicios, etc.
El próximo Ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, ha hecho campaña magnificando el salario docente de la Ciudad y la situación educativa en general.
Pero los docentes que trabajamos en las escuelas públicas porteñas sabemos que -aunque no se la declare- hay unaemergencia en la infraestructura escolar con escuelas en crisis en todos los distritos escolares. Cada día se suspenden las clases en un promedio de diez escuelas por problemas edilicios, falta de luz o agua, incrementándose la cantidad cada vez que llueve.
Los docentes de la Ciudad debemos trabajar dos y más cargos para llegar (mal) a fin de mes. El salario se paga con varias cifras en negro, generando que un docente con 10 años de antigüedad gane lo mismo que uno que recién se inicia. A lo que debe agregarse que cada vez que un docente toma un nuevo cargo pasa meses sin cobrar.
Se profundizó en los últimos años el vaciamiento de los equipos de orientación escolar que atienden las escuelas primarias y jardines, y los departamentos de orientación escolar de las escuelas medias, donde el Estado desatiende los efectos de la crisis social que impacta en las escuelas y tiene como principal víctima a la niñez y a la adolescencia, y quita los recursos que las escuelas necesitan.
Esto tiene consecuencias en la propia tarea docente, y la orientación del gobierno ha sido responsabilizar a los trabajadores de la educación por los efectos de la crisis social, llegando al extremo de separar del cargo y sumariar a la directora del jardín y la maestra del niño Agustín Marrero, muerto por los golpes de su padrastro.
Este año se llevó a cabo el proceso de inscripción online para los cargos docentes, que generó una enorme crisis, agravada por la reciente votación de una ley que elimina las elecciones democráticas de los vocales de Juntas de Clasificación y Disciplina, que no podría haber avanzado sin el acuerdo de sectores sindicales a espaldas de los trabajadores, perjudicando al conjunto de la docencia y beneficiando a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista, en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp). Una ley que profundiza la destrucción de las Juntas iniciada por la Ley Abrevaya de 2011, esta vez, votada por todo el Interbloque FPV y UNEN, con el aval de la burocracia sindical, para restringir la representación de los trabajadores docentes.
Una vez más, el Presupuesto 2016 viene con ajustes que configuran un cuadro de aumentos salariales a la baja, menos recursos para las escuelas públicas y un considerable aumento (30%) de los subsidios a las escuelas privadas (más de $4.000 millones). Además, los recortes afectan a distintas áreas: salud, cultura, vivienda.
Al tiempo que el gobierno profundiza la injerencia de organismos privados y de la Iglesia Católica en las escuelas públicas, se lleva a cabo la puesta en marcha de la unidad de evaluación integral de la calidad y equidad educativa, que ha intentando llevar adelante evaluaciones externas y estandarizadas, con la perspectiva de responsabilizar a los docentes por la situación de la educación y avanzar en la línea de que el salario y la estabilidad en los cargos queden atados a los resultados de la evaluación.
En lugar de llevar adelante un plan de construcción de jardines y escuelas para solucionar el problema de la falta de vacantes -evidenciada con la inscripción on line que dejó sin escuela a miles de niños/as-, el PRO y la “oposición” legislativa (FpV, ECO, UNEN y otros) cedieron 30.000 metros cuadrados al Arzobispado.
La lucha por el salario
El gobierno PRO a nivel nacional arranca con la “promesa” del levantamiento del cepo cambiario, lo que en concreto implica una fuerte devaluación del peso. La anunciada “revisión” de los subsidios a las empresas de servicios significará un brusco aumento de las tarifas de luz, agua y gas. Lo mismo ocurrirá con el transporte y los combustibles. Todo lo cual llevará a una escalada inflacionaria que ya se encuentra por encima del 30% anual, lo que actualiza la necesidad de empezar a discutir las paritarias, que el próximo gobierno de Macri intentará pautar con la burocracia sindical a través de un nefasto Pacto social.
Este año en la Ciudad, los principales sindicatos docentes acordaron con el macrismo un aumento salarial por debajo de la inflación real. El acta salarial de febrero estableció un aumento del 26% en dos cuotas, que anualizado es de un 19%, con cifras en negro, manteniendo las diferenciaciones salariales a la baja y el achatamiento de la escala salarial.
Los docentes no podemos esperar al 1º de abril para obtener un aumento de nuestro sueldo.
Es necesario plantear fuertemente un aumento de emergencia y la reapertura de la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales, para avanzar en una mejora real de los problemas que afectan a la docencia y a la educación.
Frente a todos estos problemas, convocamos a la docencia a discutir este estado de situación y debatir las acciones a seguir, para organizarnos y luchar para enfrentar estas políticas.
ASAMBLEA ABIERTA DE ADEMYS PARA AFILIADOS Y NO AFILIADOS
Viernes 11/12 – 18 horas – Solís 823 (CABA)